Poco a poco, piedra a piedra los gobiernos estadistas, particularmente, a partir de Fortuño, los Roselló, Wanda Vázquez Garced y ahora Pedro Pierluisi han ido deconstruyendo las políticas públicas establecidas en Puerto Rico para dirigir la isla más y más hacia un estado completamente neoliberal. Para aquellos que aún no conozcan el término, se trata de un modelo donde se promueve la libre empresa y el Estado es un ente más imparcial, donde su intervención o fiscalización sobre el libre comercio es mínimo.
En Puerto Rico, a pesar de los movimientos en oposición, los gobiernos estadistas han propulsado leyes para promover y flexibilizar que los grandes capitales o inversionistas puedan hacer lo que gusten en la isla sin mayores restricciones. Ello con el pensamiento de que esun mejor modelo económico para la isla. El problema es que estas desregulaciones van inequívocamente desprotegiendo áreas importantes que incluyen, entre otras, la forma de hacer política, los recursos naturales y las condiciones de vida. El resultado final va a ser la destrucción de recursos naturales, el desplazamiento de los boricuas, y el empobrecimiento en general del país.
Entre las legislaciones más recientes que han restado derechos a los habitantes de esta isla se encuentra, la Ley para Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley #161 de 2009), el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley #58 de 2020), el Reglamento Conjunto 2020, Reglamento #9233 de la Junta de Planificación, y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley #107 del 2020). Ya el pueblo experimentó en las pasadas elecciones todas las faltas y fallas del Código Electoral de Puerto Rico de 2020. Así mismo, la llamada Ley 161-2009, que faculta el famoso “permiso único” de la OGPe, por su llamada celeridad salta protecciones ambientales como el requisito de tener un estudio de impacto ambiental antes de conseguir el permiso. A esto se le suma que el Reglamento #9233 de la JP, flexibilizó todas las zonificaciones de modo que ahora, fenómenos como los Air B&B invadiendo áreas residenciales y los problemas que esto trae, se verán con más y más frecuencia. Ello sin contar que ahora, en zonas de reserva natural o en nuestras playas se podrán hacer construcciones o proyectos privados. Irónicamente, tanto la OGPe como la JP están dando de codo a los Planificadores, para evitar críticas a sus políticas neoliberales.
Debo señalar que es importante que Puerto Rico tenga un modelo de desarrollo económico fuerte y robusto para poder competir interna y externamente. No obstante, la desregulación, que es la intención subyacente en todas estas legislaciones, les da ventajas económicas a empresas de grandes capitales y no así a los pequeños comerciantes, ni al ciudadano común, que cada día se ahoga más con los costos de vida exorbitantes que cada día aumentan y hacen la vida en la isla, casi imposible para los boricuas.
Recientemente estuve dándole un vistazo al nuevo Código Municipal y la quijada se me cayó a los pies. Básicamente, este Código le da a cada municipio poderes amplísimos, para hacer y deshacer lo que quieran, con todo lo que esté dentro de su jurisdicción geográfica. La legislatura municipal, que debe estar electa según el consabido Código Electoral 200 (Ley 58-2020) puede legislar sobre cualquier asunto de naturaleza municipal. Los municipios podrán aceptar y recibir donaciones en bienes y servicios de cualquier persona privada, natural o jurídica; se les da un mayor poder de expropiación, pueden invertir sus fondos en obligaciones con cualquier institución financiera autorizada a hacer negocios en la isla; pueden establecer consorcios con entidades privadas o hacer alianzas público-privadas;pueden realizar toda actividad comercial relacionada a la operación de empresas y franquicias comerciales tanto al sector público como al privado; pueden establecer corporaciones municipales con fines de lucro; pueden imponer impuestos; y hasta pueden imponer multas de $1,000, penas de restricción domiciliaria, servicios comunitarios y/o penas de reclusión hasta de 6 meses por violaciones a las ordenanzas municipales. También pueden crear alianzas intermunicipales o Consorcios con otros municipios, con sistemas autónomos para su administración y funcionamiento. Es decir, pueden crear sub-gobiernos municipales. El Código Municipal establece que los poderes enumerados no son los únicos, que son amplios y su interpretación también.
El asunto es que la flexibilidad dada en el Código es tan amplia, que una empresa privada podría donar fondos al Municipio, hacer alianzas o consorcios privados y en efecto, podría terminar la empresa privada siendo quien efectivamente gobierne el municipio en cuestión. La justificación de la legislación para dar una autonomía municipal tan amplia es alegadamente promover el desarrollo social y económico de sus jurisdicciones, ya que son los municipios están más cercanos al pueblo y son los mejores intérpretes de las necesidades de sus residentes. De modo que, si la base de esta legislación es en pro del bienestar del pueblo, entonces les corresponde a los residentes de los municipios ser los fiscalizadores activos de sus alcaldes y denunciar cualquier acto, que como pueblo entiendan va en contra de su bienestar. O sea, que ahora más que nunca, los grupos de base comunitaria tienen que activarse para evitar ser desplazados de sus pueblos por la economía neoliberal que acecha al país. Ojo al pillo, que están desmontando y deconstruyendo nuestra isla. Estemos atentos y en son de lucha, porque en guerra avisada no debería morir tanta gente.