(San Juan, 11:00 a.m.) Organizaciones y grupos comprometidos con el quehacer agrícola se unieron para denunciar el manejo inadecuado de los fondos Regrow.
El Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, institución privada que podría facturar hasta 35% en gastos administrativos, junto al Departamento de la Vivienda, decidieron dar prioridad a los negocios y no a la producción agrícola de fincas de ingresos limitados, afirmó Josie Pagán, de la Asociación Agromujer.
De acuerdo con Pagán, “requisitos relacionados a la titularidad de las fincas, así como a los ingresos y capacidad tecnológica de las empresas impiden que la asistencia llegue a las familias agricultoras de menos recursos económicos”.
“Esto afecta a más de la mitad de las fincas activas. Estas se ubican en la zona central y montañosa de la Isla y apenas generan un ingreso anual de diez mil dólares”, sostuvo el portavoz.
Los grupos exigen al Departamento de la Vivienda enmendar inmediatamente el contrato con el Fideicomiso y revisar las guías y los criterios del programa para garantizar el acceso equitativo a estos fondos.
El programa, realizado con fondos CDBG-DR para la recuperación del huracán María, supone estar orientado a aumentar la producción de comida y aumentar la seguridad alimentaria de Puerto Rico.
“Se trata de unos 92.5 millones que podrían servir para garantizar comida para el pueblo, particularmente ante desastres. El impacto de María fue devastador para los y las pequeñas agricultoras que perdieron sus cosechas e implementos agrícolas así como, en muchos casos, sus casas”, dijo Pagán, quien aseguró que “muchos agricultores colgaron los guantes pero muchos más continúan batallando, con el compromiso de
seguir produciendo alimentos sanos y frescos del país para sus familias y comunidades”.
Los grupos denunciaron que el Fideicomiso no ha realizado actividades de alcance comunitario fuera del área metropolitana y recomendaron que este programa sea administrado por agencias públicas y organizaciones comunitarias experimentadas en el tema.
“Lo que está sucediendo con el programa Regrow no es una excepción. En la última década hemos sido testigo de cómo el gobierno ha otorgado millones de fondos y cientos de cuerdas a grandes agroempresas mientras reduce partidas y elimina programas que benefician a los pequeños agricultores, los principales motores de la agricultura del país. Así se enriquecen algunos, se empobrecen nuestras fincas y ponemos en riesgo la comida de todas las familias que viven en Puerto Rico”, afirmó Marissa Reyes. de la organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico.
Según Jaqueline Pérez, de la Fundación Bucarabón de Maricao, “tenemos propuestas claras para la modificación de las guías, incluyendo medidas para hacer el acceso más justo. Por eso, llamamos al Departamento de la Vivienda a reconocer el espacio de las pequeñas agricultoras en la mesa donde se toman las decisiones sobre la recuperación”.
Las organizaciones unidas en pro de la Recuperación Justa para la agricultura son Fundación
Bucarabón de Maricao, los Centros de Apoyo Mutuo Jibaro de Lares y Bartolo, Organización
Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Organización Agro-Mujer, Mujeres de Islas y el Congreso de Pescadores.