En Puerto Rico la vida de todos y todas nosotros se encuentra bajo amenaza. Es curioso, pero acabamos de terminar un referéndum el pasado 19 de agosto de 2012, en el cual se impuso la voluntad del pueblo para detener el intento de limitar ciertos derechos constitucionales, entre ellos, el del derecho absoluto a la fianza. Hoy, continuamos en otro capítulo: en un juicio contra un empresario de un pueblo del sur de la isla, se determinó que Edison Burgos había asesinado y desaparecido a su exnovia para evitar que esta lo delatara a las autoridades federales, donde todo indica que ella fungía como informante. Cierto o falso, el cuerpo nunca apareció. Cierto o falso, de ella no se ha vuelto a saber. Ahora bien, el Sr. Burgos se enfrenta por dicha convicción a la pena de muerte, toda vez que fue enjuiciado por las autoridades federales, y en dicha jurisdicción si existe dicha pena.
Luego de haber luchado tanto contra las enmiendas constitucionales del pasado 19 de agosto, ahora nos enfrentamos a un proceso un tanto más complejo en el cual las fuerzas sociales deben re-activarse para solicitar, luchar e insistir que ningún puertorriqueño muera a manos del estado. De igual forma el estado ahora tiene que iniciar todo un proceso bastante complejo para llevar a un jurado que declare que lo que procede es la pena de muerte.
¿Ustedes saben cuanto cuesta todo esto? ¿Ustedes se imaginan el costo humano a favor y en contra de este proceso? Sin más. Se trata de la economía de la muerte, donde de forma no solidaria, hay que luchar para defender el derecho a la vida (aunque en prisión) de un convicto; vis a vis el interés del estado de seguir sacrificando vidas. Será una larga lucha. Ya veremos como se termina.