(San Juan, 9:00 a.m.) El plan para evaluar, este mismo año, la posible reorganización electoral de todos los territorios isleños dominados por Estados Unidos para convertirlos en una sola jurisdicción electoral federal enfrenta barreras en el Congreso, pero el comité de reglas del Senado ya fijó fecha cierta para la votación interna de la medida.
Se esperaba que el proyecto, que cubre toda la reforma electoral federal de EEUU, fuera votado en el comité a finales de este mes, pero se determinó que la reunión del comité para decidir sobre la medida será el 11 de mayo.
La presidenta del comité de reglas, la senadora Amy Klobuchar (demócrata de Minesota) ha expresado entusiasmo de que se logrará avanzar a la próxima etapa, que sería la aprobación en el pleno del Senado. Como ya la cámara de representantes aprobó una versión gemela, si no se le hacen enmiendas pasaría directamente al escritorio del presidente en la Casa Blanca.
La reforma haría cambios de largo alcance en todo el sistema electoral de EEUU, lo cual ha generado bastante discusión pública. Sin embargo, uno de los cambios más radicales es el de su extensión a las colonias isleñas en el Caribe y el Pacífico, que podría integrarlos en una jurisdicción única del Colegio Electoral, que cubriría una distancia de cerca de 14.800 kilómetros desde la barrera de islas que separan el Atlántico del norte de América Latina hasta la llamada “segunda barrera de islas” en el Pacífico occidental, cerca de las costas de China.
Pero de ese segundo cambio, apenas se habla.
Aunque se ha hablado mucho de que los republicanos torpedearán el proyecto en el Senado usando el recurso conocido como “filibusterismo”, hasta ahora la principal barrera al respecto proviene del propio bando demócrata. El senador Joe Manchin (demócrata de Virginia del Oeste) insiste en que es importante que la reforma del sistema electoral de EEUU se haga en un proceso de negociación y consenso entre demócratas y republicanos, para que no se trate de una imposición de la mayoría actual porque, según su punto de vista, eso abonaría a la desconfianza pública y propiciaría más choques como el del asalto al Capitolio del seis de enero pasado.
La segunda barrera que enfrenta el proyecto es el del cabildeo de sectores que, sin hacer mucho ruido hasta ahora, insisten en que se enmiende la sección relativa a los territorios bajo dominio de EEUU, en especial que se saque a Puerto Rico para propiciar un proceso de descolonización mediante la convocatoria de una convención de status que lleve a un plebiscito entre opciones previamente dialogadas con un comité especial del Congreso.
El empuje de ese cabildeo se ha dejado sentir hasta el punto en que funcionarios vinculados al comité de recursos naturales y asuntos insulares de la cámara de representantes han comenzado a difundir mensajes defendiendo la importancia y justeza de la sección sobre Puerto Rico y los demás territorios.
Haber comenzado a publicar mensajes en las redes sociales en defensa de la reforma de los territorios ha reducido la fuerza que tenía el que se considerase y se aprobase sin interferencia, pero, además, ha puesto de manifiesto una tercera barrera. Se trata de la falta de interés manifiesto que tiene esa reforma colonial en la institucionalidad política de la mayoría de los propios territorios.
La revisión de la prensa de los territorios del Pacífico, pone de manifiesto que el tema prácticamente no existe. Eso se nota en periódicos como el Pacific Daily News y el Pacific Island Times, ambos de Guam, o el Samoa News, del archipiélago de Samoa Americana.
En cambio, líderes como Michael Luján Bevacqua, del Grupo de Trabajo por la Independencia de Guam, está enfocado en impulsar un proceso de descolonización. Bevacqua, quien promueve el renacer cultural y el idioma chamorro, insiste en que no se trate a las diversas nacionalidades del Pacífico y el Caribe como si a todos les pudiera servir el mismo traje.
El joven líder independentista, que es figura central en el crecimiento del reclamo de descolonización que ya ha logrado convocar manifestaciones multitudinarias, dijo en febrero pasado que Guam es considerado “una nota al calce muchas veces olvidada” por pare de EEUU, que sin embargo obtiene ganancia de la “zona gris” que representa la condición política de la isla.
En Puerto Rico, mientras tanto, el gobernador Pedro Pierluisi, que defiende que el país se integre como “estado” a EEUU, ha dejado saber que respalda la reforma electoral federal que propone el bando demócrata. Un portavoz de Pierluisi explicó que el gobernador se mantiene atento al desarrollo del tema porque la reforma propuesta “favorece la democracia moderna”, pero no dejó ver si Pierluisi, tan siquiera, está al tanto de que como parte de la reforma se podrían hacer cambios directos electorales que afecten la situación de los territorios.
De aprobarse la reforma sin enmiendas, se evaluaría este mismo año la posibilidad de dividir los territorios en distritos para la elección de representantes a la cámara baja del Congreso, con derecho a voz y voto. Además, se permitiría el voto de los ciudadanos residentes en los territorios en la elección del presidente y el vicepresidente, que sus promoventes plantean que podría hacerse viable integrando a todos los territorios insulares en una sola demarcación del Colegio Electoral, que al presente cuenta con cincuenta demarcaciones correspondientes a los cincuenta estados.
Mientras el proyecto de la reforma ya fue aprobado en la cámara y ahora en el Senado, siguen estancados en un comité de la cámara el de la convención de status promovido por las congresistas demócratas de Nueva York Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, y el de un proceso para integrar a Puerto Rico como estado de la Unión, presentado por el demócrata de Florida Darren Soto y la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González.
Sin embargo, esos dos proyectos son los que interesan en Puerto Rico.
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