La Carta de Derechos del Joven de Puerto Rico, aprobada en el 2003 como la Ley 167, establece que los jóvenes son aquellos que tienen de 13 a 29 años de edad. El fin de semana del primero de mayo Puerto Rico se detuvo debido a los medios de comunicación que anunciaban constantemente la noticia de la aparición del cuerpo asesinado de la joven de 27 años Keishla Marlen Rodríguez ignorando otras graves situaciones que existían en el país. Su cuerpo apareció en la Laguna San José y fue culpado por este asesinato su pareja sentimental, el famoso boxeador Félix Verdejo, de quien había salido encinta y quien cumple 28 años el 19 de mayo de 2021. Hablamos de que este suceso violento, si se comprueba con veracidad absoluta, se produjo entre dos jóvenes. ¿Acaso no tiene esto importancia para la forma en que se imparta justicia?
¿Y qué importancia tiene recalcar su juventud? No se trata de ignorar la responsabilidad que pueda haber tenido Verdejo, aunque como señala Zoé Laboy existe la presunción de inocencia, además, añadimos, de que la Carta de Derechos Humanos declara en sus artículos 10 y 11 el derecho de toda persona a ser escuchada “públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial”. Se trata de tener conocimiento de las etapas de desarrollo de los jóvenes y de que estos no alcanzan su madurez aproximadamente hasta los treinta años. Esto debe tomarse en cuenta a la hora de juzgar a Verdejo quien vivió por muchos años en el residencial Las Gladiolas, el cual tenía fama por sus puntos de droga y de violencia. En entrevista con Los Angeles Times en diciembre del 2020 Verdejo afirmó que se crió en este difícil mundo y vivió con su padrino desde los catorce años fuera del círculo tradicional familiar. Hasta donde se sabe no tiene antecedentes penales.
El crimen ha sido terrible, pero no se acaba de entender la necesidad de la educación de género en las escuelas que evite estos sucesos que se han producido en el país de forma alarmante. La actuación del mundo mediático puertorriqueño se enfocó en el mismo dejando de lado casi del todo las protestas que se dieron en la capital del país y en diversos pueblos de la Isla contra la agencia LUMA, que pretende privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y cambiar las condiciones de los trabajadores. También la protesta se debió a los recortes de pensiones y a la disminución del dinero que recibe para sus funciones la Universidad de Puerto Rico exigidos por la Junta de Supervisión Fiscal. Esta fue una situación de urgencia por las consecuencias que tienen estos hechos en la calidad de vida, el crecimiento de la pobreza, la falta de atención a los más necesitados, lo que incluye a los jóvenes de barriadas y caseríos, con la consiguiente violación de sus derechos humanos. ¿Qué le vamos a ofrecer a los jóvenes de esta manera?
La muerte fue un espectáculo que podía exacerbar pasiones y conducir al pueblo a la creencia de que la pena de muerte debe de aplicarse en Puerto Rico. La insensatez y el populismo condujeron a la cultura del peor de los terrores: la ignorancia y el desconocimiento de los derechos fundamentales. Se ha probado que la pena de muerte no elimina la criminalidad, según Amnistía Internacional. El estado de terror no puede venir de las propias instituciones, ni del gobierno, ni de la Junta de Supervisión Fiscal.