La jueza de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, dictó este lunes prisión preventiva de 18 meses al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, y a la pastora Rossy Guzmán, al hijo de esta y a dos más de los implicados en caso Operación Coral por la supuesta estafa al Estado con más de 3 mil millones de pesos dominicanos (52,6 millones de dólares).
Además de Cáceres y Rossy Guzmán, fueron enviados a prisión el cabo de la Policía nacional e hijo de la predicadora, Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Dominicana, Alejandro José Montero Cruz.
Los cuatro hombres deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR) y la religiosa en el pabellón de mujeres de ese recinto.
Al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, otro de los implicados que fungió como testigo principal de cargo, en colaboración con el Ministerio Público, se le dictó prisión domiciliaria bajo custodia de la Procuraduría General de la República.
Al acoger la solicitud de prisión preventiva, la jueza Kenya Romero Severino argumentó que “los riesgos de la obstaculización de pruebas” presentadas por los acusados resultaron insuficientes.
La magistrada valoró que “existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales para declarar el caso complejo”, como lo había pedido el Ministerio Público.
La revisión obligatoria de la medida de coerción será el 10 de agosto, conforme al contenido del fallo judicial, que fue criticado por los abogados de los imputados quienes no descartaron la posibilidad de apelar la decisión.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el esquema utilizado por la red era nombrar en la nómina a policías y militares de manera irregular, con salarios de 20 mil y 70 mil pesos (1,278 dólares), con la condición de devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado cada mes a los miembros de “la agrupación criminal”.
El mayor del Ejército Girón Jiménez, programador de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y encargado de tecnología del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), supuestamente era quien hacía los depósitos a los miembros de la red, luego que se descontaba el porcentaje a los salarios de militares y policías contratados de manera irregular.
Durante el conocimiento el pasado viernes de la medida de coerción, el general Adán Cáceres Silvestre refutó las declaraciones acusatorias de Girón Jiménez y aseguró que producto de su vida “modesta, nunca de ostentación” el patrimonio en ahorro que tiene en la actualidad es de 64,121,000 millones de pesos (equivalentes a 1,125,522 dólares), que los obtuvo de su “trabajo profesional” y “no porque un señor” le “depositara un centavo extra”.
El oficial era el jefe de seguridad durante el gobierno Danilo Medina Sánchez, actual presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Horas antes de darse a conocer la sentencia, decenas de evangélicos se manifestaron frente a la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en solidaridad con la pastora Rossy Guzmán.
El grupo portaba pancartas con mensajes como “Pastora Rossy, la comunidad y las iglesias de Cristo Rey dan testimonio de tu amor y obra. Estamos orando por tí”.
Se recuerda que un total de 27 allanamientos practicados en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná pusieron en marcha, el pasado 24 de abril, a la Operación Coral, la acción contra la corrupción administrativa.
Bienes muebles e inmuebles millonarios, un gran cúmulo de documentaciones y armas de fuego fueron algunos de los elementos encontrados por los fiscales investigadores en las viviendas de los imputados, que más tarde sirvieron como prueba ante el tribunal para inculparlos en el hecho.
El Ministerio Público acusó al grupo de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
La solicitud de medidas cautelares invocada por la Pepca sostiene que para lavar dichos activos, los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza crearon un entramado societario formado por “las empresas Randa Universo Company EIRL (2012), CSNA Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015) y la Asociación Campesina Madre Tierra (2015), esta última con la fachada de una organización sin fines de lucro, las cuales recibían cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor”.