La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, siglas en inglés) y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD y la Procuraduría General de la República, detuvieron a un legislador dominicano en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de los Estados Unidos por asuntos de tráfico internacional de drogas.
Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, congresista de la ciudad de Santiago (región norte) por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue arrestado cuando llegaba en un vuelo comercial desde Santo Domingo a la terminal de Miami.
La detención forma parte del fortalecimiento de la cooperación contra el crimen transnacional entre las agencias antidrogas de Estados Unidos y República Dominicana, según un comunicado de prensa de la DNCD.
“El caso se encuentra en fase de investigación, y esperamos seguir cooperando con las autoridades estadounidenses en todo el proceso”, dice el escrito.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que junto al diputado Miguel Gutiérrez Díaz hay otras personas involucradas en la supuesta red de tráfico de cocaína, que se basaba en un triángulo entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.
Hasta el momento solo ha sido identificado Gutiérrez, pero al grupo se le señalan tres cargos: “conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína. Si es declarado culpable, Gutiérrez Díaz enfrenta cadena perpetua”.
Contra el legislador criollo hay una acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami, el pasado 11 de marzo de 2021. En ella se señala que desde aproximadamente 2014 hasta 2017, el congresista Gutiérrez Díaz formó parte de una red transnacional de drogas que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.
Las informaciones fueron ofrecidas por Juan Antonio González, fiscal federal interino para el Distrito Sur de Florida y Verne J. Hibbert, agente especial interino a cargo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, División de Campo de Miami.
El Departamento de Justicia norteamericano informó que la DEA investigó el caso con la ayuda de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal, la oficina de la DEA en Santo Domingo, el Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales (IRS-CI), la Oficina de Campo de Miami, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE). -HSI), Oficina de Campo de Miami y Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., la Oficina de Operaciones de Campo de Miami.
Tras el arresto, el Partido de Revolucionario Moderno reiteró que quien infrinja las normas institucionales y legales deberá asumir sus consecuencias personales en la justicia y enfrentarse además a un proceso disciplinario frente al partido que conllevaría su expulsión.
“Hacemos constar ante el país que cada ciudadano y ciudadana es responsable de sus actos personalmente frente al Estado. Las conductas criminales y antijurídicas tienen el más alto repudio en nuestro partido y no representan en absoluto nuestros valores como organización política”, agregó.
Mientras, la Cámara de Diputados fijó su posición al respecto aclarando en una comunicación publicada en Twitter que se mantendrá respetuosa al proceso de investigación y a las medidas que tomen los organismos correspondientes, conforme a la ley.
Precisó que cada uno de sus legisladores “se debe a sus representados y a la sociedad, por tanto, debe responder con responsabilidad por sus actos. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, el cumplimiento de las leyes y el ejercicio ético”.
Se recuerda que Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, quien fue el más votado en las elecciones generales del 5 de julio del 2020, fue sometido ante la justicia dominicana en el año 2010, en calidad de presidente de la empresa Gutiérrez Díaz Corporation (Gudicorp), por verter aguas industriales, residuales o contaminantes al arroyo La Estación y el río Guanábano, de Navarrete, región noroeste del país.
De acuerdo a la acusación instrumentada por las autoridades, la empresa había rebosado los niveles permitidos por las normas ambientales sobre calidad de agua y control de la descarga, establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.