En medio del tumulto que vive Puerto Rico y de la poca confianza del público en la capacidad e integridad de sus autoridades, dos asesinatos que han cobrado víctimas dentro de los hogares de familias prominentes han estado ocupando insistentemente un sitial en los medios.
La Policía de Puerto Rico logra esclarecer anualmente sólo un poco más de un tercio de los asesinatos que se investigan en la Isla, lo que ha causado una creciente frustración en la población. La Isla sufre una tremenda ola criminal y tasa alta de asesinatos que delatan a una sociedad en crisis. Las autoridades han anunciado que van a traer un perito de afuera que evaluaría, entre otras, la investigación del llamado caso Lorenzo. El otro asesinato, ocurrido en julio, fue el de Carmen Paredes, muerta a balazos su hogar en una urbanización lujosa en las afueras de San Juan. La policía ha señalado como sospechoso a su esposo, Pablo Casellas Toro, un corredor de seguros cuyo padre, Salvador Casellas, es un juez prominente quien una vez fue miembro de gabinete de Gobierno.
Casellas Toro dijo encontrar el cadáver de su esposa en una silla cerca de la piscina de la casa al regresar de visitar a sus padres. Dijo ver a un hombre trigueño huir y brincar la verja de su propiedad. La atención de los medios se ha centrado mucho en el hecho de que al llegar las autoridades, al juez Casellas se le permitió entrar a la escena del crimen, a la cual usualmente no se permite a nadie excepto los investigadores. Pero las autoridades han dicho que su presencia en nada había alterado la escena.
“Superexclusivo”, uno de los programas más vistos en la Isla, que en sus orígenes se dedicaba sólo a discutir chismes de farándula, ha llevado la voz cantante en la investigación no-oficial de los dos crímenes. “La Comay” un títere tamaño humano de una mujer que aparece sentado en una enorme silla de paja es la “anfitriona” del programa. Hace más de dos años en la imagen en pantalla se ve una mesita con una foto de Lorenzo. El programa cuenta con reporteros e investigadores, que muchas veces consiguen mejor información, y antes, que los medios oficiales.
Uno de los desarrollos extraños en los casos, es que las autoridades han optado por nombrar públicamente a quienes consideran sospechosos (sin radicar cargos poco después). El ex Secretario de Justicia Antonio Sagardía ha dicho que esta práctica podría violar los derechos civiles de los señalados, y que la policía o fiscalía podría estar haciendo esto para dar la impresión de que estaba progresando en su investigación en el caso.