La portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, presentó este miércoles una serie de medidas en ocasión de la conmemoración del Día Internacional Contra la Transfobia y la Homofobia, para abatir la discriminación y el maltrato al que se enfrentan miembros de la comunidad Lgbbtiq+.
“No hay duda de que en los últimos años, hemos visto avances importantísimos en el tema de la equidad. Quedan, sin embargo, temas puntuales en los que se impone la intervención del Estado como garantizador de los derechos que nos cobijan a todos y todas. Por tal razón, he presentado este conjunto de medidas, en consulta con representantes de las comunidades Lgbttiq”, puntualizó.
La senadora Santiago presentó el Proyecto del Senado 427 para establecer la “Ley para Promover la Vivienda Libre del Discrimen Contra Adultos Mayores de la comunidad Lgbttiq”, declarar la política pública en contra de la discriminación a los adultos mayores de esas comunidades en la vivienda y enmendar la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”.
El propósito es requerir cursos sobre la diversidad de problemas que enfrentan personas adultas mayores de las comunidades Lgbttiq+ en el Certificado de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avanzada.
Además, requerir a establecimientos de cuidado de adultos mayores desarrollar una política interna contra la exclusión por orientación sexual o identidad de género.
“Este proyecto tiene el objetivo de reducir el discrimen que sufren los adultos mayores de las comunidades Lgbttiq+ que residen en establecimientos de cuido para adultos mayores”, expuso la senadora.
Presentó además la Resolución Conjunta 94 del Senado, con el objetivo de ordenar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos lanzar una campaña educativa por medios de comunicación masiva para concientizar al pueblo sobre las protecciones que ofrece la Ley 22– 2013, según enmendada a las personas Lgbttiq+ en el ámbito laboral.
La ley establece la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra de la discriminación por orientación sexual o identidad de género, por lo que la campaña educativa tiene como fin el que las personas conozcan sus derechos y a la vez que los patronos sus obligaciones.
Por último, anotó Santiago, para combatir la discriminación que sufren las personas de la comunidad Lgbttiq+ al recibir atención médica, presentó la Resolución Conjunta 95 del Senado, con el propósito de requerir créditos de educación continua a los profesionales de salud en temáticas sobre género y orientación sexual.
“En la medida en que proveedores y profesionales de la salud obtengan una mejor educación y comprensión en temáticas sobre género y orientación sexual, podrán implementar cambios en sus prácticas e intervenciones para que los servicios ofrecidos sean cada vez más inclusivos, sensibles y respetuosos ante la diversidad”, manifestó Santiago.