Tanto el presupuesto propuesto por la administración del gobernador Pedro Pierluisi como el presentado por la Junta de Supervisión Fiscal agravan el problema de acceso a la justicia al desatender necesidades apremiantes del Poder Judicial y de seis entidades de la Rama Ejecutiva vinculadas a la defensa de los derechos, denunció hoy Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), organización que exigió la elaboración de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos.
"El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, lo que requiere que el Estado no restrinja este derecho y le obliga a organizar el aparato institucional de manera tal que todas las personas puedan acceder a los mecanismos judiciales y otros necesarios para reclamar derechos fundamentales", dijo la fundadora y directora ejecutiva de ALPR, Ariadna Michelle Godreau Aubert, durante la presentación del informe ‘Una deuda pendiente con los derechos’, el cual, por tercer año consecutivo, analiza el impacto en el acceso a la justicia del presupuesto de gastos del gobierno.
El informe fue trabajado por la división de política pública de la organización dirigida por la analista Lcda. Frances Vega Carrasquillo.
"Nos preocupa el impacto negativo enaquellas agencias e instrumentalidades mediante las cuales el Estado cumple con su responsabilidad de promover y garantizar el acceso a la justicia", abundó la Lcda. Vega Carrasquillo. En concreto, explicó que le preocupa el efecto en el acceso a la justicia del presupuesto recomendado para el Poder Judicial y paralas oficinas de los procuradores de la Mujer, del Paciente, de las Personas de Edad Avanzada y del Ciudadano, así como para la Defensoría de Personas con Impedimentos y la Comisión de Derechos Civiles.
Recordó asimismo la Lcda. Godreau Aubert que las cuatro procuradurías, la Defensoría y la Comisión "ofrecen servicios relacionados al acceso a remedios y defensa de garantías básicas tales como asesoría sobre derechos, investigación y adjudicación de querellas, acompañamiento legal durante el proceso administrativo e incluso representación legal ante otros foros". "El impacto fiscal a estas oficinas constituye una barrera tanto en el alcance de servicios esenciales, como en la defensa de derechos y acceso a remedios", afirmó Godreau Aubert.
En cuanto al Poder Judicial, las abogadas explicaronque recortes presupuestarios previos llevaron a esa rama de gobierno a anunciar en el año 2018 la postergación de la expansión de diversos programas de acceso a la justicia y la implantación de medidas de reducción y control de gastos agresivas. Estos recortes, asimismo, provocaron el cierre de tribunales, muchos de estos localizados en los municipios más pobres del país, según indicaron.
Sobre la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Godreau Aubert explicó que el presupuesto recomendado “no detalla las partidas necesarias para garantizar la implementación efectiva de las medidas dispuestas” en la orden ejecutiva que declara un estado de emergencia por violencia de género.
También comentó que los recortes presupuestarios en la Oficina de la Procuradora del Paciente “han incidido en su capacidad para contratar personal y en la calidad de servicios que proveen”, al punto de que el 80% de sus puestos autorizados permanecen vacantes y opera con 24 empleadas.
En cuanto a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, Vega Carrasquillo explicó que “su subsistencia pende de un sistema de pareo de fondos requerido por el gobierno federal” y una reducción en la asignación presupuestaria “indudablemente afectará la provisión de sus servicios”.
Asimismo, destacó la necesidad de que la Defensoría de las Personas con Impedimentos “obre de manera independiente, pues se encuentra bajo una sindicatura” de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
También recordó que en los últimos años las reducciones en el presupuesto de la Comisión de Derechos Civiles han obligado a realizar ajustes en nómina, renegociar el contrato de arrendamiento y reducir los contratos de servicios administrativos.
Presupuesto con perspectiva de género
Por otro lado, las abogadas señalaron que el aumentodramático de la violencia de género en Puerto Rico durante la pandemia del Covid 19 subraya la necesidad de un presupuesto con perspectiva de género.
Recordó que el año 2020 se identificaron 60 feminicidios directos e indirectos, 6 transfeminicidios y 26 casos continúan bajo investigación o sin información.Recordó también que, según el Observatorio de Equidad de Género, al 2 de mayo de 2021 se habían reportado 21 feminicidios, así como 10 intentos de feminicidios.
"Cada 7 días, aproximadamente, una mujer es asesinada en Puerto Rico. La situación por la que atravesamos las mujeres en Puerto Rico urge que las medidas tomadas para atajar la violencia de género abarquen todos los ámbitos en la vida en sociedad", subrayó Godreau Aubert. "El presupuesto gubernamental no debe ser la excepción, pues esta herramienta de política pública refleja las prioridades del gobierno y tiene que ser sensible ante las necesidades de las poblaciones históricamente vulnerables. Particularmente cuando se trata de una población afectada por una violencia tan arraigada a la cultura en donde se desarrolla como lo es la violencia de género", añadió Vega Carrasquillo.
Explico que un presupuesto con perspectiva de género “distingue entre las necesidades de bienes y servicios públicos requeridos por mujeres y se ajusta a lo requerido para que la prestación de servicios sea equitativa”.
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