(San Juan, 9:00 a.m.) El proceso de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y, sobre todo, el contrato a LUMA, ha sido recibido de manera negativa por, es seguro decir, la mayoría del pueblo.
El pasado 30 de mayo, más de 5 mil personas marcharon reclamando un alto al contrato de privatización a favor de la empresa Luma. Por su parte, a solo horas de que se consuma la transición energética en el país, el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR) pidió al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que suspenda el contrato con la empresa LUMA Energy y facilite un comité de diálogo entre todas las partes involucradas con el servicio eléctrico en el país.
Por su parte, la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, auguró mayor estabilidad y transparencia en el sistema eléctrico de Puerto Rico a partir del 1 de junio, luego de que la empresa LUMA Energy asuma el control del servicio de transmisión y distribución de la energía eléctrica en toda la Isla. El mismo gobernador, Pedro Pierluisi, ha expresado en varias ocasiones que no ve ninguna razón para no continuar con el contrato.
Lo que sí está claro, es que hay una evidente disonancia entre lo que dice y exige el pueblo y la respuesta del gobierno. Ha sido así desde el primer día en que Pedro Pierluisi juramentó como primer mandatario de la Isla. Si así se ve el primer año del cuatrienio, ¿qué nos espera en el futuro? Al menos, es reconfortante saber que las calles siempre estarán ahí.