(San Juan, 9:00 a.m.) La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) lleva cinco años de recortes a servicios esenciales sin tocar el bolsillo de los incentivos contributivos que representan dos terceras partes (67.7%) del gasto total que afecta al fondo general, aunque se desconoce si produce algún beneficio económico o social, concluyó un análisis de Espacios Abiertos (EA).
El analista senior de Política Pública de EA, Daniel Santamaría Ots, indicó que los incentivos o gastos tributarios ascienden a 21,194 millones anualmente o una tercera parte (30%) del Producto Nacional Bruto (PNB).
En ese renglón de gastos, Puerto Rico está bastante por encima de otros países y jurisdicciones, aseguró el experto.
Detalló que en Estados Unidos, representan el 8.8% del PNB, en Argentina el 3.0% y en estados como Massachusetts el 2.6%.
“De los 21,194 millones, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico deja de ingresar cada año 15,691.5 millones por tasas preferenciales (74% del total de gastos tributarios) debido a los incentivos que facilitan la Ley 135 de 1997 y la Ley 73 de 2008 (Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico)”, abundó.
El economista tuvo varios cuestionamientos: “¿Por qué recortar en servicios esenciales como educación, salud o seguridad y no evaluar el costo al fisco de todos los incentivos que se consideran un gasto para las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y que no se conoce si rinden los resultados esperados? ¿Por qué llevan cinco años mirando para el otro lado mientras sus políticas siguen destruyendo oportunidades a los que deciden quedarse en la Isla? ¿Cuál es la doble vara y cuáles son sus prioridades? ¿Austeridad para quiénes? ¿A quién se pretende beneficiar en realidad?”.
Dijo que para el próximo año fiscal (2022) la Junta propuso medidas de austeridad que implican, entre otros, la reducción a la salud (cinco millones en nómina del Departamento de Salud, dos millones al Centro de Diabetes y 1.2 millones al Centro Cardiovascular), la educación (94 millones adicionales a la UPR), la seguridad (120 millones en reclutamiento de cadetes para la Policía de Puerto Rico), a servicios esenciales de los municipios (44 millones adicionales del Fondo de Equiparación) y a los pensionados (8.5% para todas las pensiones superiores a 1,500).
“La responsabilidad fiscal no debería discriminar y siempre recaer sobre los hombros de una ciudadanía a la que cada año le arrebatan un poco más de sus manos las instituciones y mecanismos democráticos que permitieron el desarrollo de los valores que forjaron la clase media de este país”, planteó el analista.
Desde mayo de 2017, Espacios Abiertos identificó la necesidad de que en Puerto Rico -que enfrenta la mayor crisis fiscal de su historia- se divulgara el “presupuesto oculto” sobre lo que el fisco gasta o deja de ingresar en incentivos contributivos otorgados a individuos y corporaciones.
Luego de requerir esa información con un pleito judicial que llegó hasta al Tribunal Supremo, en septiembre de 2019 Hacienda publicó por primera vez en la historia un informe de estos gastos, aunque no se ha actualizado.
“Ahora, esa parte del presupuesto ya no está del todo oculto. Sin embargo, todavía falta que se evalúe su rendimiento”, manifestó el especialista.
La organización apoya que el informe sea un requerimiento de ley como ocurre en 50 jurisdicciones de Estados Unidos y destaca el modelo del estado de Oregón, que engloba en su redacción las mejores prácticas en la publicación de un informe de gastos tributarios.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se considera un proyecto de ley a esos efectos (el proyecto del Senado 206). E
Santamaría Ots señaló que otro de los problemas que enfrentan las finanzas públicas en Puerto Rico es el hecho de que los estados financieros auditados son obsoletos porque los más recientes son del año fiscal 2017.
“Ello impide que se pueda corroborar el estado real de las cuentas públicas que debería justificar la aprobación del reciente plan fiscal y la certificación del próximo presupuesto para el año fiscal 2022”, manifestó.
A su vez, comentó que “cada año que transcurre vemos cómo la Junta sigue otorgando prórrogas para las elaboraciones de nuevas proyecciones sobre ingresos, estados financieros auditados al día y un informe de gastos fiscales actualizado. Sin embargo, esas concesiones están ausentes cuando lo que está en juego son los servicios esenciales que rinden los municipios o la educación universitaria pública del país, entre otros”.
Subrayó que “se siguen dando ultimatums para algunos, pero concesiones para otros. Conceden privilegios para los que pueden cabildear por sus intereses con prestigiosos bufetes de abogados y recortes para una ciudadanía indefensa con instituciones públicas víctimas del deterioro institucional y la falta de fondos públicos a la que la Junta responde con su misma receta: más austeridad para los de siempre”.
El economista destacó que la Junta se ha limitado a hacer presupuestos que descansan en medidas de austeridad a los servicios esenciales y se ha olvidado de formular una propuesta de desarrollo económico que ayude a delinear una ruta para salir de la crisis económica y este año no se ha producido un cambio, a pesar de que hay nuevos miembros en el organismo.