Quien recomendó la venta y la contratación de LUMA Energy fue la JSF (Junta de Supervisión Fiscal) y el Gobernador asintió. Nos dice la noticia “Junta aprueba planes fiscales de la UPR, AEE, AAA, ACT, Pridco, Cofina y Cossec” de Noticel del 27 de mayo de 2021, que el gobernador “Pierluisi Urrutia favoreció la aprobación del plan fiscal de la AEE, que indicó se ajusta a legislación vigente e impulsa una mejoría en el sector energético. “Hemos tenido una utilidad pública incompetente por mucho tiempo”, afirmó.” ¿De qué le vale al gobierno la pantomima de hacer que legislan y ejecutan leyes que convalidan la voluntad de ese órgano opresivo del Congreso? Para agregar insulto al daño, afirma que hemos tenido una utilidad pública “incompetente”. Como queriendo decir, por fin nos deshicimos de un problema. Dicho en medio de un repudio a esa transacción que fue hecha contra la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños que sabemos cuán nefasta serán las consecuencias para todos los sectores del país incluyendo su maltrecho gobierno. ¿Pero acaso queda alguien que crea que se pudo hacer sin el concurso de la JSF?
Se trata de la aprobación de un contrato sin causa. El objeto es sacar ganancias de la administración irrestricta de AEE pero a cambio de nada. Me remito a sus propias palabras. Según otro parte de prensa en Noticel de 06/01/2021, “LUMA busca “lograr confiabilidad, resiliencia, asequibilidad y sustentabilidad, mientras prioriza la seguridad y un servicio al cliente excepcional”. Añade la nota de prensa en Noticel “LUMA brindará a los puertorriqueños algo que muchos de nosotros damos por sentado: energía segura y confiable”, dijo Nancy Southern, presidenta y directora ejecutiva de ATCO, empresa matriz de LUMA.” Usted busca cual es la cuantificación de lo que obtendrá el pueblo de Puerto Rico de un contrato de administrar la renta de un bien público estratégico y resulta que no pueden ofrecer más que vaguedades y calificativos de esperanza. Dicho en arroz y habichuelas, no hay una cantidad de beneficio expresada en dólares y centavos. O sea, que si esto no es pagarle a uno con las gracias que venga Dios y lo vea. Si hasta ellos mismos lo dicen que nos van a pagar con ”energía segura y confiable”. Pero si todo eso ya lo teníamos mis amores.
Además, por vía del contrato quieren cínicamente arrogarse cualquier beneficio que se obtenga en la economía de la operación de empresas y creación de empleos en Puerto Rico. ¿Si eso es así, cuál es entonces la proyección mínima de lo que se obtendrá en dicho renglón para cuantificar? Eso no puede descansar en la imprecisión. La importancia de este elemento es que se pueda ver con claridad cuál es la justificación de porque se contrata. En derecho se refiere a que exista una relación bilateral y eso implica que debe tener simetría en las contraprestaciones, dicho en términos sencillos, una relación de tanto me das si tanto te doy. Véase el memorando del Licenciado Rolando Emmanuelli y la Licenciada Jessica M. Méndez de junio de 2020, sobre la legalidad de este contrato.
Aquí se puede ver claramente que la JSF es un brazo de los intereses de Wall Street para poner más instrumentos de gran valor público a disposición de inversionistas sin que de ello se derive una justa compensación para el país y peor aún quede más indefenso para cubrir los pagos de la deuda. Ese fue el objetivo de endeudarnos a sabiendas de nuestra insolvencia, poderse quedar con todo. Era un esquema de préstamos fraudulentos y en lugar de encauzarlos los premiaron en el Congreso norteamericano. Pero si tienen dudas que le pregunten a William Black.
¡¡¡No a LUMA, no a la deuda odiosa y no a la colonia!!!