(San Juan, 12:00 p.m.) El reciente asesinato de Jesús Bonano Laureano en Luquillo, el pasado sábado abre interrogantes en Puerto Rico sobre la aplicación de la pena de muerte por parte de la sociedad civil, contra toda persona que se declare “un estorbo social”. Mientras, el estado, por vía de la policía “está investigando”, lo cual puede llegar a una conclusión, como también puede quedar en nada. El balance neto, que un hombre fue asesinado.
Nadie sabe si el gatillero que mató a Jesús Bonano Laureano, lo hizo en represalia por éste haber asesinado a Brian Ramos. Lo cierto es que la sociedad, y sobre todo el pueblo de Luquillo repudió dicho asesinato. Luego de seis meses de estar encarcelado pendiente a juicio, y este no pasar en ese período, Bonano Laureano salió en libertad bajo fianza pendiente al juicio.
Dentro de esto, es pertinente entender que la Constitución de Puerto Rico ofrece garantías tanto a los ciudadanos de a pie como a los acusados. Por lo tanto, el problema no es la Constitución. El problema yace, posiblemente, en los entendidos culturales sobre la misma. Cada generación tiene una mirada distinta sobre la Constitución. Todo indica que en este momento, la fuerza social invisibiliza la constitución, y las redes sociales tienen mucho más peso.
Por lo tanto, lo que hay que abogar es por oponernos a la pena de muerte, venga de donde venga. Sea del estado o de la sociedad civil. Pensemos.