La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, aprobó el viernes el Proyecto del Senado 136, que busca enmendar la Ley que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo con el fin de expandir sus protecciones.
El estatuto de la autoría de las senadoras María de Lourdes Santiago Negrón y Ana Irma Rivera Lassen fue avalado unánimemente con 9 votos a favor y enmendará el Artículo 1 de la Ley 22-2013. Se encuentra ahora ante le Cámara de Representantes.
Esta medida llevaría las protecciones contra el discrimen en cualquier gestión gubernamental, pública o privada. También, busca prohibir el discrimen que pueda surgir por identidad de género percibida, protección que se eliminó durante el trámite legislativo de la Ley 22 de 2013.
La primera legislación local que atendió el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo en Puerto Rico, se aprobó hace dos cuatrienios bajo el Proyecto del Senado 238.
De otra parte, esta medida enmienda alrededor de ocho leyes para ampliar las protecciones de discriminación contra la comunidad LGBTT. Algunas de estas leyes son: la Ley 22 de 2013, la Carta de Derechos del Joven de Puerto Rico, la Ley de Relaciones del Trabajo para Servicio Público de Puerto Rico, la Ley para la Administración de los Recursos Humanos, el Código Municipal de Puerto Rico, la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño y la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico.
Del informe de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, presidida por Rivera Lassen, se desprende que la medida tuvo la aprobación de varios sectores, incluyendo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE).
El informe resalta el memorial de la ACLU, que expone que ‘’la identidad de género, expresión de género, real o percibida, es una expresión de la identidad de cada persona escogida libremente, y dentro de los derechos humanos, las libertades constitucionales y civiles que nos cobijan deben ser respetadas y protegida’’.
Además, destaca el memorial de CABE la aseveración de que, ‘’la larga historia de marginación, exclusión y discrimen que han sufrido estas comunidades requiere de una pieza legislativa como la que nos ocupa para continuar un proceso de reconciliación como pueblo donde todas las personas que en él habitan sean tratadas con equidad y dignidad’’.
Ahora la medida pasa a la consideración del pleno cameral en la próxima sesión legislativa. Crucemos los dedos para que se nos sigue haciendo justicia…