Hoy presentamos la segunda parte de la “Agenda para la Mujer” del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) que toca el Área de Educación de las Mujeres; Área de la Salud; y Área de la Mujeres de Edad Avanzada. A continuación la parte final de la proyecto de género del PIP:
C. Educación de las Mujeres
Para alcanzar el máximo potencial de desarrollo es imprescindible garantizar el acceso a la educación. La educación es el vehículo y la herramienta para la salida de muchos de los problemas actuales que enfrentan las mujeres en nuestro país. En esta área, el PIP propone:
1. Darle prioridad y seguimiento al Departamento de Educación en una abarcadora revisión del currículo para eliminar todo texto o material educativo que fomente estereotipos por género e incorporar materiales educativos que promuevan la educación no sexista, que prevengan la violencia doméstica y realcen el rol desempeñado por las mujeres en la historia. Para ello, se dará prioridad al cumplimiento del plan de acción establecido entre la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el propio Departamento de Educación acerca de impartir una educación con visión de equidad de género e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
2. Incluir en las campañas sobre prevención de deserción escolar la problemática de las jóvenes que por razones de violencia, razones económicas y necesidad de trabajo o por embarazos prematuros se ven obligadas a dejar los estudios. Promover mayores alternativas educativas especiales adaptadas a esta realidad, en términos de horarios y trabajos especiales, para que estas jóvenes puedan terminar su educación formal partiendo de su realidad de vida.
3. Crear una oficina dentro del Departamento de Educación con personal experto en los estudios de género y educación no sexista que se encargará del adiestramiento continuo a los maestros y maestras de todo el sistema público, revisión de material educativo y curricular y de promover actividades educativas para esos fines.
4. Desarrollar y apoyar con recursos fiscales y humanos los programas que ofrecen servicios educativos y de apoyo a madres solteras, ya sea para completar su educación secundaria o para continuar estudios universitarios.
5. Implantar, junto a organizaciones cívicas y profesionales, una Jornada Juvenil de No Más Violencia contra la Mujer, en la que todas las escuelas intermedias y superiores reciban orientación para los y las jóvenes sobre lo que constituye violencia doméstica, cómo prevenirla y cómo enfrentarla.
D. Salud
En el área de la salud, al identificarse los factores causales, preventivos y curativos de muchas de las enfermedades que afectan a la mayoría de la población, la situación especial de las mujeres ha sido ignorada. Los estudios epidemiológicos que se realizan no suelen identificar factores de riesgo -tanto fisiológicos como psicosociales- específicos de las mujeres. Ejemplos de esto, incluyen el alcoholismo y el cáncer oral, en cuyos casos las mujeres constituyen una población escondida, y el VIH-SIDA cuyos factores psicosociales de riesgo son considerablemente distintos en las mujeres y en los hombres. Por otro lado, los recursos disponibles para servicios especiales relacionados con la violación y la violencia doméstica son lamentablemente inadecuados.
El PIP se compromete a lo siguiente en este aspecto de la salud de la mujer:
1. Enfrentar la alarmante tasa de cesáreas fomentando la intervención de enfermeras parteras y exigiendo informes periódicos de las cesáreas practicadas por tod@s l@s obstetras del país.
2. Continuar promoviendo la desmedicalización del parto mediante legislación adicional y fiscalización efectiva de la Oficina del Procurador del Paciente y de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
3. Se articulará una política enérgica de investigación epidemiológica que identifique necesidades y recursos de salud particulares de las mujeres y que a la luz de ésta genere programas de prevención y tratamiento. Requerirá además, la reorganización de los servicios de salud que actualmente no consideran esas necesidades y recursos.
4. Garantizar de manera real y efectiva el acceso de todas las mujeres, con o sin plan médico, a la salud reproductiva (prevención de embarazos, prácticas sexuales seguras), incluyendo orientación, consejería, acceso al equipo y productos necesarios y a diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Se estima que pueden ser casi 400 mil las personas en Puerto Rico que no pueden pagar un plan privado y no cualifican para tarjeta de Reforma. La propuesta de un plan de salud universal con pagador único, que ha planteado nuestro Partido durante tantos años, incluye la perspectiva de la salud de la mujer.
5. Expandir a todo el país los servicios especializados integrados para víctimas de violación y de violencia doméstica, de manera que tengan atención médica y sicológica inmediata, así como apoyo legal. Los programas extendidos requieren el correspondiente adiestramiento especializado para el personal que rendirá los servicios médicos, psicológicos y jurídicos y recursos económicos suficientes para proveerlos.
6. Expandir los programas de tratamiento disponibles para el abuso/dependencia de sustancias legales e ilegales para mujeres en Puerto Rico. En el país sólo existe un programa residencial de tratamiento para mujeres. Los servicios disponibles para mujeres, tanto en el sector público como en el privado, son muy limitados.
7. Promover un estudio investigativo sobre la relación entre la violencia contra las mujeres y el contagio del VIH/SIDA.
8. Promover el acceso a la información de salud con campañas educativas y fiscalización de las agencias concernidas para que las mujeres tomen decisiones verdaderamente informadas sobre procedimientos y tratamientos médicos.
(Para conocer nuestras propuestas sobre Salud Sexual y Reproductiva, vea la Sección Salud, en el inciso B).
E. Violencia contra las Mujeres
Resulta particularmente sensitivo el problema de violencia contra las mujeres. Actualmente existe mayor una conciencia sobre el tema que hace algunos años. No obstante, aún cuando existe ese alto grado de conciencia, todavía nos estremecen los crímenes contra mujeres en relaciones de pareja. No podemos comenzar a hablar de una sociedad justa o de igualdad cuando todavía se asesinan mujeres, por ser mujeres.
En cuanto a esta área, el PIP se compromete a:
1. Asignar recursos suficientes para las organizaciones no gubernamentales que dan servicios de orientación, asistencia y albergue a mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hij@s. Ningún refugio debe pasar por la amenaza de cierre que durante este cuatrienio se ha cernido sobre la Casa Protegida Julia de Burgos, ni por las vicisitudes en las que batallan tantas otras entidades
2. Establecer en todas las regiones de Puerto Rico centros de ayuda y servicio para las víctimas y sobrevivientes de violación, agresiones sexuales y violencia doméstica.
3. Desarrollar un programa de educación continua en la Academia de la Policía y el Departamento de Justicia, dirigido a capacitar al personal que interviene con la implantación de la Ley sobre Violencia Doméstica.
Entendiendo que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema de Salud Pública de nuestro país, se promoverá una mayor integración del trabajo en esta área de parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Salud y la Universidad de Puerto Rico, a través de su Escuela de Salud Pública.
4. Asignar los recursos necesarios para establecer líneas de asistencia legal continua y de orientación para víctimas de violencia doméstica que requieren de esa orientación para decidirse a tomar el paso de abandonar la relación de agresión.
5. Celebrar Jornadas sobre Prevención de la Violencia Doméstica en todas las escuelas, intermedias y superiores del sistema educativo del país. En las Jornadas se llevarán a cabo charlas educativas, creación de proyectos y obras promovidas por los estudiantes, talleres para los maestros y maestras sobre la inclusión del tema de la violencia doméstica en distintas materias, actividades además que integren a la comunidad escolar en general, incluyendo padres y madres.
6. Investigar las alternativas disponibles dentro de nuestro ordenamiento jurídico y de ser posible, legislar para el establecimiento de algún mecanismo que permita investigar el historial de violencia doméstica de algún agresor y seguimiento sobre su rehabilitación, si alguna. Ello con el fin de alertar a potenciales parejas sobre sus conductas y comportamiento agresor.
F. Mujeres de Edad Avanzada
El estimado de población más reciente del Negociado Federal del Censo (publicado en 2006) estima la población total de Puerto Rico en 3,927,776 personas. Esta agencia estima que el 7 por ciento (286,076) de esta población está compuesto por mujeres mayores de 65 años de edad. Este es ciertamente un sector social que para las administraciones gubernamentales –rojas o azules- siempre ha sido “invisible”.
Para ellas proponemos:
1. Promover el desarrollo de comunidades de vida asistida para mujeres envejecidas, ampliar los servicios de ama de llaves, y crear nuevos programas de respiro para familias y mujeres trabajadoras que cuidan de sus hijos e hijas con impedimento y de sus padres y madres envejecidos. Es preciso subrayar que durante este cuatrienio nuestra Delegación Legislativa ha promovido investigaciones sobre la falta de servicios para los jóvenes con impedimentos severos, una vez cumplen los 21 años de edad y cesan de estar bajo la jurisdicción del Departamento de Educación.
Aprobar legislación conforme a la cual cada departamento, agencia u oficina gubernamental encargada de los asuntos de la vejez, familia, salud o bienestar social deberá llevar a cabo un estudio abarcador sobre la realidad y las necesidades de las mujeres de edad avanzada desglosado por municipio, que incluya recomendaciones y un plan de trabajo para mejorar sus condiciones de vida en toda la isla.