(San Juan, 10:00 a.m.) El director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), Javier Bayón Torres, pretendió hoy justificar la acción judicial de desahucio contra la Cooperativa Industrial Creación de la Montaña, en Utuado, que emplea principalmente a mujeres.La Cooperativa Industrial Creación de la Montaña ha sido arrendataria de PRIDCO desde 2002, y durante estos años en varias ocasiones ha tenido dificultad para cumplir con sus compromisos de pago, por lo que la entidad gubernamental “siempre ha estado en la mejor disposición de ayudar”, según Bayón Torres.
Sin explicar las razones por las cuales esta vez no se ha tratado de llegar a un acuerdo con la fábrica, que realizó los uniformes de la delegación nacional a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, que se realizan actualmente en Japón, el funcionario dijo que se han hecho enmiendas al contrato, además de otros acuerdos bajo.
“Entre el apoyo ofrecido a la Cooperativa a través de los años, se encuentran acuerdos bajo el Programa de Asistencia de Renta a Industriales (PARI), enmiendas al contrato de arrendamiento para extender el término de vigencia del contrato y revisiones al canon de arrendamiento para concederles una renta especial más baja que la originalmente acordada”, según Bayón Torres.
La Cooperativa Industrial Creación de la Montaña ha sido arrendataria de PRIDCO desde 2002, y durante estos años en varias ocasiones ha tenido dificultad para cumplir con sus compromisos de pago, pero después de la devastación causada por el huracán María en 2017 su situación se ha agudizado.
“Se ha ofrecido coordinación con el Programa de Desarrollo Laboral (PDL) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para buscarle ayudas financieras a la Cooperativa y adiestramientos a sus empleados”, dijo Bayón Torres.
Destacó que “la Compañía de Fomento Industrial tiene un compromiso sólido de apoyar a todos los empresarios que arriendan nuestras propiedades, nuestro deseo es que nuestros arrendatarios sean exitosos; sin embargo, nosotros también tenemos una responsabilidad de cumplir con los reglamentos y procesos según estipulados”.
Aseguró que, al igual que el secretario del DDEC, Manuel Cidre, “estamos en la mejor disposición de dialogar sobre las opciones que existen para la Cooperativa o cualquiera de nuestros arrendatarios”.
“Nos encontramos con el deseo de entrar en conversaciones con la Cooperativa, para llegar a acuerdos satisfactorios tanto para ellos, como para el pueblo de Puerto Rico”, expresó Bayón Torres, sin establecer por qué no se ha dado el diálogo en estas circunstancias.
Este martes, la legisladora municipal Astrid Raquel Cruz Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), emplazó a Cifre por la situación que se ha creado al llevar el caso a los tribunales.
“Muchos negocios han recibido subsidios, incluso se ofrecen incentivos económicos para fomentar el empresarismo individual. No obstante, esta empresa que es taller de muchas mujeres trabajadoras pobres recibe una orden de desahucio de Manuel Cidre y el gobierno de Pedro Pierluisi”, dijo la legisladora al considerar que “es una acción realmente vergonzosa”.
Estableció que esta cooperativa se originó a raíz del cierre de la última fábrica norteamericana en Utuado, la cual amenazó con dejar en la calle a muchas mujeres trabajadoras, las cuales se organizaron como cooperativa y adquirieron la empresa.
Por eso, permanecieron en el local, propiedad gubernamental, a modo de alquiler, mas las crisis que han devastado a la zona montañosa en los últimos años han golpeado su empresa cooperativa, así como las decisiones gubernamentales de quitarles contratos de uniformes de las agencias para otorgarlo a grandes compañías.
“Utuado es de los pueblos más devastados por el huracán María y por los terremotos, lo que tuvo un impacto severo en la economía y la calidad de vida, de este y todos los talleres de trabajo, asimismo la pandemia del Covid-19, provocó que no se vendieran uniformes escolares, otra de las fuentes de ingreso de Creación de la Montaña”, detalló la legisladora del PIP.
Indicó que por estas razones se han visto con atrasos en el pago de renta, ante lo cual el gobierno ha respondido pidiendo una orden de desahucio en el tribunal, la cual tiene una primera vista esta misma semana.
“No han recibido un trato sensible de parte del gobierno, aun cuando solo obtienen del mismo el alquiler de ese espacio y, en cambio, ellas proveen empleo directo a decenas de personas. Un gobierno que alega proteger a las mujeres vulnerables, pero pretende cerrar su lugar de trabajo accesible en su propio municipio, mientras le regala mil millones a LUMA Energy, es un estado hipócrita y raya en lo criminal”, dijo Cruz Negrón.
Anticipó que, por ello, “lucharemos para apoyarlas y estoy segura de que todo Utuado les dará su apoyo, (pues) son muy valoradas en nuestro pueblo”.
Respecto a eso, el presidente del comité del PIP en Utuado, Wigberto Meléndez, expresó que ya se organizan para apoyar a su legisladora en la convocatoria de una lucha amplia por esas mujeres trabajadoras de su pueblo.