Arrestan a tres sospechosos por violar derechos civiles de Alexa

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La prensa local lanzó ayer esta noticia con bombos y platillos: “Por primera vez en el distrito de Puerto Rico un gran jurado federal emite una acusación por crímenes de odio.

Anthony Steven Lobos Ruiz, Jordany Laboy García y Christian Rivera Otero, fueron acusados por cometer un crimen de odio contra la transgénero Alexa Negrón Luciano. 

Por el cargo de conspiración para cometer un crimen de odio, se exponen a una sentencia de no más de cinco años de prisión, a una multa de $250 mil y tres años de libertad supervisada, tras cumplir cárcel.

Mientras, que por violar la Ley para Prevenir Crímenes de Odio enfrentarían una pena de 10 años de cárcel, una multa de $250 mil y tres años de libertad supervisada.

Por el tercer cargo, obstrucción a la justicia -que solo enfrentan Lobos Ruiz y Rivera Otero- se exponen a 20 años de prisión, a una multa de $250 mil y a tres años de libertad supervisada.

El abogado de la Oficina del Defensor Público Héctor Ramos cuestionó los elementos para cualificar como un acto violento el crimen de odio.

El letrado planteó que de acuerdo a la jurisprudencia, para quedar detenidos, el delito debía ser definido como uno violento. Argumentó que las pistolas de “gotcha”, no constituyen un arma peligrosa.

Por su parte, el fiscal José Contreras expuso que el crimen de odio es un delito violento.

Una de los fotutos oficiales que alzó su voz fue la fiscal de distrito de Bayamón, Lizette Sánchez Vázquez, quien trató de justificar la injustificable con una cortina de humo diciendo “que la investigación por el asesinato de Alexa continúa activa a nivel local. Previamente se había informado en un comunicado de prensa que el caso está en la fase dos y es investigado por la división de Homicidios de la Policía de Puerto Rico, la cual trabaja en la recopilación de prueba.

“A nivel local, la estrategia continúa enfocada en el esclarecimiento del asesinato.

El proceso federal anunciado hoy (ayer) se fundamenta en la violación de derechos civiles contra los individuos que le dispararon con una pistola de gotcha. En Puerto Rico no existe el delito de crimen de odio sino que representa un agravante a la pena.  El caso se radicará cuando contemos con toda la evidencia necesaria para probarlo en el Tribunal”, puntualizó Sánchez Vázquez.” 

No se hizo esperar el coro de voces, que surgieron ante la noticia, en la cual incluyo la mía.  El asesinato de Alexa, ocurrido en febrero de 2020, conmocionó al país e hizo visible la discusión sobre la transfobia en la Isla, hasta cobrar auge internacional. De hecho, el cantante urbano Bad Bunny asistió a un programa televisivo en Estados Unidos y vistió una camisa que leía “Mataron a Alexa, no un hombre con falda”.

Desde entonces, activistas de la comunidad transgénero y organizaciones a favor de los derechos civiles estuvieron reclamando al Negociado de la Policía y a las autoridades federales el esclarecimiento del asesinato de la mujer deambulante y suscitado en Toa Baja, precisamente, como un crimen de odio.

Ayer, tras conocerse de los primeros arrestos federales en relación al asesinato de Alexa, también se levantó la discusión sobre la tardanza de las autoridades locales en producir acusaciones en el sonado caso.

Por su parte, la portavoz de Puerto Rico para Todos, la activista Ivana Fred, dijo que aunque se alegra que se iniciara el procesamiento criminal contra Anthony Steven Lobos Ruiz, Jordany Laboy García y Christian Rivera Otero, el mismo no fue por cargos de asesinato.

“Al menos se está haciendo justicia de una manera u otra, no de la manera que yo quisiera, claro está, basado en la información que se ha difundido, lo que se le está imputando a estos jóvenes es simplemente como un acecho porque le apuntaron con una pistola gotcha y nada más pero, la realidad del caso es que el hecho como tal del asesinato todavía está en nada. No se ha encontrado un culpable y no creo que eso sea justo”, apuntó Fred.

Consideró que el mensaje que se lleva es que las leyes de Puerto Rico son “flojas” porque tuvieron que intervenir las autoridades federales para el procesamiento criminal.

“Como líder he tenido varias militancias durante muchos años con situaciones como esta y al día de hoy la notoriedad es el caso de Alexa pero, todavía hay muchos casos de personas de experiencia trans que murieron en ese año y siguen en el tintero y entre estos, uno que ha tenido mucha notoriedad es el del trapero Kevin Fred y hace tiempo no se dice nada de esto”, expuso.

Mientras, el abogado Osvaldo Burgos lamentó que los cargos radicados por un gran jurado federal no fueran por asesinato.

“A un año y medio del asesinato de Alexa, lamentablemente los cargos debieron haberse radicado hace mucho tiempo porque aquí era evidente que se había cometido el cargo de acechar a Alexa para darle con una pistola de gotcha, eso se sabía desde el día uno. Y era muy fácil identificar a las personas que perpetraron esos hechos, y año y medio –de espera- para solamente radicar esos cargos, es muy lamentable”, expresó.

Instó a las autoridades estatales a ofrecer detalles sobre el estatus de la investigación.

“Por otro lado, es lamentable que hayan sido las autoridades federales las que hayan radicado cargos. Parecería que las autoridades locales no tienen la voluntad o la preparación, o la disposición de hacer las investigaciones”, acotó.

De igual forma, el director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez afirmó que a las autoridades locales les corresponde radicar el caso por asesinato.

“Cuando se trata del Código Penal de Puerto Rico por asesinato, eso le corresponde al Estado. Y el Estado hasta donde sepa, si ha hecho algo, o si van a radicar, eso no lo sabemos todavía, pero procede. El hecho de que los federales radiquen sus cargos y que lo encuentren culpable a nivel federal eso no quita que el Estado también pueda encontrarlos culpables por asesinato. Y cuando las personas cumplan la sentencia federal pasen al Estado. Y de hecho, en muchas ocasiones esa es la crítica que se hace, que si no entran los federales no se resuelve el caso”, mantuvo Ramírez.

Comparó los casos de crímenes de odio contra las mujeres y las mujeres trans como una epidemia, con lo cual la ley debe ser enérgica.

“Estos casos los comparo con epidemias. Hay una diferencia entre los asesinatos que nosotros entendemos son parte de una epidemia de odio como son los asesinatos de mujeres, mujeres trans, personas de la comunidad LGBTTQ y en esos casos hablamos de crímenes epidémicos y motivados por odio”, puntualizó.

Alexa Negrón Luciano fue asesinada en febrero de 2020. >Suministrada

Por su parte, la socióloga Palmira Ríos opinó que la presión pública obliga al gobierno a tomar acción en los casos criminales. 

La fiscal del Distrito de Bayamón, Lizette Sánchez Vázquez, informó hoy que la investigación por el asesinato de la mujer transgénero Neulisa “Alexa” Luciano Ruiz continúa activa a nivel local.

Según se informó, el caso está en la fase dos y es investigado por la división de Homicidios de la Policía de Puerto Rico que se encuentra trabajando para recopilar la prueba requerida.

“A nivel local, la estrategia continúa enfocada en el esclarecimiento del asesinato. El proceso federal anunciado hoy se fundamenta en la violación de derechos civiles contra los individuos que le dispararon con una pistola de gotcha", dijo Sánchez Vázquez en un comunicado de prensa.

Las declaraciones se conocen horas después de que las autoridades federales arrestaran a tres hombres vinculados al crimen de Alexa por violaciones a los derechos civiles.

"En Puerto Rico no existe el delito de crimen de odio sino que representa un agravante a la pena. El caso se radicará cuando contemos con toda evidencia necesaria para probarlo en el Tribunal”, puntualizó Sánchez Vázquez.

Dos de los tres cargos por los que se acusaron hoy a los detenidos por el FBI están vinculados con un crimen de odio.

Anthony Steven Lobos Ruiz, Jordana Laboy García y Christian Rivera Otero, comparecieron esta tarde a la vista inicial virtual ante el magistrado federal Marshal Morgan acusados de conspiración para cometer crimen de odio, violación a la Ley para Prevenir Crímenes de Odio y obstrucción a la justicia.