(San Juan, 9:00 a.m.) En días pasados un padre confesó haber maltratado y asesinado a su hijo de ocho años en Aguas Buenas, Puerto Rico. Supuestamente, lo había protegido del abuso sexual de un tío materno, por lo que el día 4 de julio le fuera entregada la custodia a Santiago Cortés, quien no tiene más de 27 años y en la prensa ha sido tratado como un joven porque lo es, según la Carta de Derechos de los Jóvenes de Puerto Rico que establece que un joven tiene de 13 a 29 años. Esto no puede obviarse a pesar de lo terrible del crimen.
Previamente, la jueza que vio el caso en corte no quiso aceptar el testimonio del trabajador social del Departamento de Familia por no haber estado por escrito, según informó El Nuevo Día. Este favorecía que se entregara el niño a la madre. Mientras sus familiares maternos esperaban la reconsideración del caso, el día 9 de julio el niño fue maltratado y perdió su vida viciosamente a manos de su padre. Nos preguntamos si se perdió el tiempo esperando un escrito a pesar de la declaración de una persona competente. El proceso fue obviamente burocrático.
Este caso es complejo por varias razones: no solo la agresividad del padre de quien no había información negativa hasta después de los dramáticos sucesos, también por su juventud y el hecho de que no está claro si el niño sufrió abuso sexual en la familia de su madre y porqué vivía con sus abuelos. Se plantean aquí varios elementos. ¿Cómo penalizar a un joven? Lo mismo sucede en el caso del boxeador Verdejo que solo tenía casi 28 años cuando asesinó a su compañera. ¿Deberá haber un tratamiento legal diferente para la población juvenil? ¿Qué sucede en Puerto Rico con los jóvenes y qué les ofrecemos? ¿Acaso no son los que trabajan sin beneficios laborales en compañías y tiendas? ¿Acaso no son los que luchan por una educación universitaria más inclusiva y gratuita? ¿En qué situación económica y social se encuentran?
Entiendo que esta población es diferente a la de los adultos y que necesita ser reconocida legalmente de otra manera. ¿Cuán efectivas son las penitenciarías juveniles? ¿Se debe colocar a los jóvenes que cometen delitos en las cárceles de adultos?
Por otra parte, es imperioso que los niños sean protegidos de manera especial. La situación de maltrato de los niños en el mundo se ha acrecentado gracias a diversos factores, entre ellos el crecimiento de la pobreza debido a la globalización capitalista, el monopolio de las multinacionales, el trabajo forzado, las emigraciones, el racismo, la prostitución, la trata infantil, las guerras, “su incapacidad de verbalizar el derecho” y la pandemia del coronavirus. De esta forma se les roba su futuro. En Puerto Rico ha crecido la pobreza y deben aplicarse con más rigor los instrumentos internacionales que garantizan los derechos de la niñez y la juventud, tales como la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por 78 estados miembros de las Naciones Unidas y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
El Instituto de Desarrollo de la Juventud en Puerto Rico ha señalado que el país ha estado lidiando con una crisis mayor: la abismal tasa de pobreza infantil que en el 2017 fuera de 57.8 por ciento. Esto sin tomar en cuenta que la tasa de pobreza de algunos pueblos de la Isla es mucho mayor y que esta cifra podría ser más alta en algunos lugares. También indican que los niños que crecen en la pobreza no tienen una misma tasa de graduación y tienen mayores riesgos de problemas de salud.
El principio 6 de la Declaración de los Derechos del Niño expresa lo siguiente: “El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.” El principio 9 afirma que “el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación”. La Carta de Derechos del Niño de Puerto Rico establece que este debe vivir en un ambiente adecuado y que debe “disfrutar el cuidado, afecto y protección que garanticen su pleno desarrollo físico, mental, espiritual y social”. Esto puede aplicarse igualmente a los jóvenes. ¿Qué esperamos para protegerlos junto a nuestros niños?