(San Juan, 12:00 p.m.) El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico lleva meses, en discusiones internas evaluando qué hacer, si algo, con las llamadas listas de denuncia, en particular aquellas contra acosadores sexuales. Hay un interés genuino de explorar este tema, al punto que la Comisión de Propiedad Intelectual pre-grabó un foro sobre la cultura de cancelación, censura y las redes sociales, el cual va a al aire la semana entrante.
Ante este cuadro de interés y preocupación, se da el suicidio del empresario y gestor cultura, Jose “Fofito” Morales, a quien supuestamente acusaron en el portal/página de “yoteacuso”, que opera en las redes sociales. La acusación es una de naturaleza de denuncia, pese a que no existía acusación contra Morales ante la policía de Puerto Rico.
Las razones del suicidio se desconocen. Dicen algunas fuentes, que la persona estaba deprimida, pues lo acusaban con o sin razón, pero lo acusaban y había tenido la consecuencia inmediata que lo habían separado de su trabajo en el local La Respuesta, de donde era socio fundador y activista cultural.
La muerte de Morales fuerza a otros debates. Por un lado, manejar las acusaciones contra personas acusadas de actos de agresión sexual o temas relacionados. Por otro lado, los derechos de toda persona acusada de algo, o señalada de algo, que tiene derechos constitucionales. Hay balances entre ambos puntos de la conversación. No obstante, lo que no se puede tolerar es que vivamos acusando a personas sin garantizarles unos derechos constitucionales mínimos. Es momento de profundizar en el diálogo en torno a los derechos de las personas víctimas de agresiones sexuales o acosos de género, y los de las personas acusadas. Pensemos.