El uso por un grupo político dominante del aparato de inteligencia de un Estado democrático para preservar su hegemonía es un innegable abuso de autoridad. Uno que por cierto, ya ha sucedido en el pasado, y que no tenemos por qué dudar que siga ocurriendo. El vuelo de los símbolos del poder de Estados Unidos sobre regiones foráneas para derrocar, incluso a regímenes democráticos, es harto conocido. Menos destacado es que esta noción surge del escándalo que causó la revelación, del uso del vasto enjambre de agencias que se empatan en esas lides, para el espionaje doméstico. En la edición del 22 de diciembre de 1974 del diario The New York Times el periodista investigativo Seymour Hersh publicó la existencia de un programa secreto de la Central Intelligence Agency (CIA) dirigido a levantar expedientes de ciudadanos estadounidenses. El Proyecto CHAOS fichaba a personas y organizaciones supuestamente infiltradas por el comunismo internacional. A final de cuentas, muchos resultaron ser meros opositores a la Guerra de Vietnam o desafectos al Partido Republicano. Por su parte, el Federal Bureau of Investigations (FBI) desarrolló paralelamente el Programa COINTELPRO. Mediante el mismo se reclutó a miles de personas para que informaran sobre la vida de sus vecinos. Al igual que el Proyecto CHAOS, el objetivo era vigilar a los ciudadanos con ideas políticas contrarias a la de la estructura del poder vigente. Innumerables expedientes fueron levantados sin que su objeto fuera iniciar procesos criminales.
Ante la indignación popular generada por esta acusación, el Senado norteamericano se inclinó por iniciar su propia pesquisa. Fueron tantos y tan vergonzosos sus hallazgos, que el año 1975 fue bautizado como el “Año de la Inteligencia”. No obstante, la investigación conducida por la Comisión Church-Pike, aunque reveladora, dejó muchos cabos sueltos. Con el tiempo, sus candentes hallazgos quedaron sofocados por la reacción de la maquinaria legal y jurídica de la oligarquía de la Gran República. El último clavo en el ataúd de la transparencia gubernamental lo hincó el Tribunal Supremo estadounidense cuando decidió que bajo el National Security Act of 1947 el Director de la CIA puede negarse a descubrir información para “proteger las fuentes y métodos de inteligencia contra revelaciones no autorizadas”. Tan dilatada deferencia, unida a la tendenciosa interpretación hecha por la agencia del CIA Information Act of 1984, ha levantado una barrera monumental para su fiscalización. Esto prácticamente le ha otorgado carta blanca a la CIA para retener secretos todos sus archivos. El problema es que no existe una legislación federal que delimite el contenido de las acciones en que se pueden involucrar propiamente los servicios de inteligencia norteamericanos. Las acciones encubiertas que le permite ejecutar bajo la cláusula “…such other functions” del National Security Act of 1947 permiten todavía a su cúpula desarrollar operaciones internas impunemente.
El sigilo de estas actividades, justificado para defender la seguridad nacional, ha servido también para impulsar políticas públicas impopulares, encubrir desaciertos administrativos e incluso actos de corrupción. En respuesta, diversos actores sociales se han movilizado de formas más o menos organizadas para combatir esta tendencia. La primera línea ofensiva la encabezan entidades de la sociedad civil especializadas en transparencia gubernamental. Estas se convierten en muchas ocasiones en las portavoces de funcionarios que reivindican su lealtad al pueblo mediante filtraciones de documentos para probar ilegalidades o que quieren usarlos de plataforma para hacer denuncias públicas. Como ciudadanos de un sistema político en la zona de influencia inmediata de Estados Unidos, resulta extraño lo poco que debatimos esta realidad. Las garras del águila ahogan la voz de sus presas antes de matarla.