(San Juan, 11:00 a.m.) La portavoz de la organización Educamos, Eva Ayala Reyes, criticó hoy la “laxitud” de Justicia en el caso de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien hoy llegó a un acuerdo con la fiscalía federal y aceptó la alegación de culpabilidad por conspiración para cometer fraude.
La acusada se expone ahora a seis meses de cárcel, un año de libertad supervisada y una multa de 21,000 dólares.
Al respecto, Ayala Reyes dijo que “lo que no dice el acuerdo es quién paga por el daño y sufrimiento causado a cientos de miles de personas, comunidades, magisterio y familiares por las acciones de la hoy convicta. Bajo su administración se cerraron sobre 300 escuelas, se declararon miles de maestras y maestros como sobrantes, se desmanteló prácticamente el Departamento de Educación”.
Añadió que “lo más penoso es que a ella y sus cómplices, que siguen campeando en la agencia como si nada, disfrutando de privilegios y encubrimientos de los que tal vez nunca nos enteremos, no se les exija reparar esos daños. No se les exige reabrir las escuelas, devolver las comunidades a su estado original y pagar por el sufrimiento causado”.
La vocera recordó que “las escuelas siguen cerradas, el magisterio sigue cargando las consecuencias de las malas acciones de su administración, y el dolor causado sigue con el llanto pegado a su memoria. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto le costó y le sigue costando eso a este pueblo? No nos extrañaría que a espaldas del pueblo, gente como ella salieran a la “libre comunidad” a disfrutar del beneficio de sus crímenes, incluyendo pensiones privilegiadas como es el caso de Víctor Fajardo y posiblemente otros”.
Según la portavoz, “siempre estuvimos claros desenmascarando a la hoy acusada de tantos delitos. Fueron muchos quienes la apoyaron, le rieron las gracias y hasta paseaban en helicópteros oficiales para ver al país por encimita mientras se aprovechaban de su mordida”.
Opinó que “algo malo tiene que haber en Educación, que cada año tiene 3,500 millones que no llegan al magisterio y al estudiantado. La agencia se ha convertido en una fábrica de millonarios donde los amigos del alma se benefician y privilegian mientras el magisterio, estudiantado y comunidades llevan la peor parte. Mientras las maestras/os siguen costeando arreglos y materiales didácticos con un salario de hambre. Y ahora, encima de esa desgracia les quieren quitar sus pensiones. Pero eso nadie lo investiga ni procesa a los culpables”.
“Precisamente esos y esas que se llevan la peor parte, esos trabajadores y trabajadoras de la educación mal pagos, maltratados y sobrecargados de trabajo, son quienes gracias a su esfuerzo y sacrificio mantienen en pie la educación pública del país”, acotó.
Keleher enfrentaba 11 cargos por conspiración, fraude electrónico, soborno y robo de identidad”.
Sin el acuerdo se exponía a 20 años en prisión por los 11 cargos que se le habían imputado.
El fraude en los procesos de contratación en Educación, bajo la dirección de Keleher, sumó 13 millones de dólares.