(San Juan, 1:00 p.m.) Una veintena de organizaciones comunitarias apoyaron el proyecto del Senado 319, que busca crear la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”.
Las entidades participaron en una audiencia pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, que preside Elizabeth Rosa Vélez, en la que varias agencias del gobierno que regulan la instalación de las antenas de telecomunicaciones se opusieron a la medida.
“Con estas vistas públicas queremos que ustedes tengan voz y que esos reclamos que hacen sean escuchados. Nosotros estamos aquí, elegidos por un pueblo para eso mismo, escucharlos y defenderlos; además de ser el puente entre ustedes y la agencias. Mi compromiso siempre será con ustedes”, expresó la senadora Rosa Vélez a los representantes de las organizaciones.
Wanda Ríos del Comité Pro Bienestar La Margarita de Salinas manifestó que “este proyecto es necesario para crear una armonía entre las telecomunicaciones y el ambiente del ser humano y más aún restablecer los derechos que se nos han arrebatado bajo la actual Ley 89 de 2000. Hemos sido víctimas de las construcciones desmedidas de torres de telecomunicaciones sin que se nos tome en consideración, violando un sinnúmero de Leyes Federales”.
Los reclamos que hacen las organizaciones son las mismas: tener una mayor participación en los procesos de toma de decisiones con las construcciones relacionadas a las torres y que se cree una ley clara que así lo disponga.
Asimismo, demandan haya una distancia mayor entre las antenas, las residencias, las escuelas y los hospitales, ya que la mayoría de las torres sobrepasan la altura regulada. También, exigen un mejor proceso de notificación antes de comenzar la construcción de los proyectos y que sea mucho más ágil que el actual.
En cuanto a las agencias del gobierno, la Junta de Planificación y el Negociado de Telecomunicaciones no favorecen el proyecto, ya que la Ley 89 de 2000 y otras leyes federales, según las agencias, atienden los reclamos expuestos por los ciudadanos.
La Junta de Planificación presentó en su ponencia que “es menester señalar que la Ley 89 de 2000 fue adoptada en armonía con las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones la cual ocupó el campo con relación a los posibles efectos ambientales y de salud asociados con la construcción, instalación y uso de torres de servicios móviles”.
Asimismo, expresó que “por entender que la ejecución de medida podría estar en contravención a lo que representa un campo ocupado por la legislación federal, la Junta de Planificación de Puerto Rico, no endosa a la aprobación del proyecto del Senado 319”.
Por su parte, el Negociado de Telecomunicaciones aclaró en su memorial presentado a la Comisión que “la jurisdicción para evaluar solicitudes de usos de terrenos y permisos relacionados con la construcción y ubicación de torres de telecomunicaciones recae en la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación”.
También, reconocieron que “muchos de los artículos contenidos en el proyecto, imponen cargas onerosas y trabas excesivas al desarrollo de las torres de telecomunicaciones. Prácticamente, buscan prohibir la construcción de nueva infraestructura de telecomunicaciones. Esto como ya expresamos es contrario a las leyes y regulaciones federales. La Ley 89, supra, cumple con el propósito de armonizar con el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas a la vez que obligan a cada proponente a garantizar un estricto cumplimiento con las especificaciones de seguridad, para los residentes de áreas adyacentes”.
Oposición comunitaria a las Torres de Telecomunicaciones
