(San Juan, 10:00 a.m.) La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó hoy que otorgó plazo hasta mañana al Senado para que apruebe el plan de ajuste de la deuda o pedirá al Tribunal que postergue su confirmación.
El Senado aún no tendría los votos para aprobar el proyecto de la Cámara 1003 sobre el plan de ajuste de la deuda para terminar con la quiebra de la Isla, ante lo cual la JSF indicó que “lo que está en juego para Puerto Rico es increíblemente alto. No aprobar esta legislación significa que Puerto Rico permanece atascado en una nube de bancarrota, sofocando su capacidad para crecer y atraer la inversión necesaria”.
Además, advirtió que “las pensiones no estarán protegidas y el plan no se modificará para brindar apoyo adicional a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”.
Agrega que si el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1003, aprobado el 19 de octubre de 2021, no se convierte en ley antes de las 2:00 de la tarde del viernes, la Junta de Supervisión se verá obligada a solicitar el aplazamiento de la audiencia de confirmación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“Como resultado, Puerto Rico permanecería en la bancarrota y el peso de la deuda insostenible seguirá sobre los hombros de todos los puertorriqueños, amenazando el progreso económico de la isla”, indicó el organismo que maneja las finanzas del gobierno de la Isla.
El ente alertó de las consecuencias de no aprobar la medida: Puerto Rico permanecerá en quiebra, los acreedores pueden solicitar que se levante la moratoria sobre el pago de la deuda vigente en este momento, “lo que lleva a una demanda caótica de pago basado en el efectivo disponible y socava la la capacidad del gobierno para funcionar” y el litigio continuaría y aumentaría enormemente los costos y el tiempo para salir de la quiebra.
A su vez, consignó que “la duración de la Junta de Supervisión se extenderá por el tiempo perdido en este proceso, los acreedores serían elegibles para recibir cien millones como tarifa de terminación si ejercen su derecho a rescindir su acuerdo para respaldar el plan, y podrían potencialmente hacer nuevas y mayores demandas de reembolso, basadas en la opinión pública”.
Asimismo, advirtió que “los maestros y jueces no serían elegibles para los beneficios del Seguro Social del gobierno de EEUU y seguirían dependiendo de los pagos del presupuesto de un gobierno que impulsará sus plan de pensiones en quiebra.
La JSF declaró que “un grupo diverso de partes interesadas que van desde sindicatos, jubilados, tenedores de bonos y otros acreedores y aseguradores de bonos acordaron un Plan que es el mejor resultado posible dada las circunstancias difíciles que Puerto Rico ha tenido que manejar durante los últimos años”.
La Junta aseguró que el plan reduce la deuda pendiente del Commonwealth en 80%, de 33 mil millones a siete mil millones y garantiza que el gobierno no pagaría más de 1,150 millones al año.
“El plan ahorra casi 50 mil millones en el servicio de la deuda que de otro modo se adeudaría y permite al gobierno pagar un poco más de siete centavos de cada dólar de impuestos por el servicio de la deuda, en comparación con hasta 25 centavos antes de cualquier reestructuración. El plan brinda una seguridad considerable a los futuros beneficiarios de pensiones al establecer un fideicomiso de pensiones financiado con al menos 175 millones por año durante los próximos años y asignando la mayor parte del excedente al fideicomiso de pensiones”, manifestó el ente.
Agrega que “el plan transfiere más de 1.2 mil millones y restaura las contribuciones de los empleados al Sistema que fueron utilizados por gobiernos anteriores, proporciona a miles de empleados de la administración pública hasta cien millones en lugar de intereses
en sus cuentas de contribución definida y resolvería cientos de litigios que le costarían al gobierno decenas de millones de dólares solo en honorarios legales. El plan pondría fin a la bancarrota y pondría a Puerto Rico en el camino hacia una economía sostenible. crecimiento y prosperidad”.
La Junta de Supervisión Fiscal impone plazo al Senado [o si o si al proyecto 1003]
