(San Juan, 10:00 a.m.) La exgobernadora Wanda Vázquez Garced defendió su gestión y la conducta de sus funcionarios en medio de la crisis que provocó en marzo de 2020 la llegada al país del virus del Covid-19, al conocerse la acusación criminal presentada hoy por la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) contra el abogado Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick por la venta irregular de pruebas para detectar el coronavirus.
Para la exmandataria en este día “se confirma lo que les expresé en una ocasión: Bajo mi administración en esta situación, ningún funcionario público obró en contra de la ley”, por lo que “el tiempo, una vez más nos da la razón”.
“La pandemia del Covid-19 es una emergencia nunca antes vivida por nuestro pueblo y en todo momento lo que guió a todos los funcionarios, fue la importancia de tomar acciones encaminadas a adquirir pruebas y lo necesario para proteger y salvar la vida de todos los puertorriqueños”, expuso en declaraciones escritas.
Aseguró que “mi gestión, al igual que la de los funcionarios públicos y los miembros del excelente Task Force Médico, estuvo guiada exclusivamente por la honestidad, lo correcto y sobretodo en la búsqueda de salvar vidas”.
“A quienes se cegaron por faenas políticas y personalistas hoy les corresponde retractarse por haber hecho un juicio político y público contra servidores y personas íntegras al servicio de Puerto Rico”.
Vázquez Garced asumió la gobernación del país en agosto de 2019 luego que Ricardo Rosselló Nevares se viera forzado a dimitir días antes en medio de una oleada de protestas en su contra por su menosprecio a los puertorriqueños, las mujeres, los gordos, los negros y la comunidad gay, según un chat de Telegram que mantenía con su círculo más íntimo en el gobierno.
Mientras, en la tarde de este jueves la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, halló causa para arresto contra el abogado Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick, por el caso de la fallida venta de pruebas para detectar el Covid-19 al gobierno de Puerto Rico en 2020.
Rodríguez Castro fijó en 250 mil dólares la fianza para Maldonado y en 200 mil en ausencia a Vick.
La vista preliminar fue programada para el 22 de noviembre, a las 8:30 de la mañana.
Ambos arriesgan una pena de tres años de cárcel.
La Opfei sometió cargos contra Maldonado por tentativa de fraude, falsificación documento privado, falsificación ideológica, traspaso de documento falsificado e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales.
Maldonado, como representante legal de la compañía Apex General, realizó una venta de un millón de pruebas rápidas para detectar el Covid-19 por 38 millones, pero el contrato se canceló posteriormente, debido a que Oriental Bank alertó sobre un inusitado depósito en la cuenta de la empresa.
En tanto, contra Vick los cargos —en ausencia— son por los mismos delitos, excepto la falsificación de documento privado.
Según el fiscal especial independiente Ramón Mendoza Rosario, “hemos hecho las gestiones para localizarlo (a Vick), pero desconocemos su paradero. En este momento no tiene representante legal”.
A su vez, reveló que la exgobernadora Vázquez Garced fue entrevistada como parte de la investigación del caso, ya que fue bajo su administración que se realizó la venta fallida de pruebas al gobierno.
Maldonado es representado legalmente por la licenciada Mayra López Mulero.