La Asociación del Personal Docente de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (Apdcuc) solicitó a la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría, y a la Junta de Gobierno que aclaren con carácter urgente la realidad de la situación presupuestaria.
La Apdcuc denunció que la administración universitaria “celebró” recientemente la asignación presupuestaria de $500 millones para la operación en los próximos 5 años de la UPR hecha por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Sin embargo, se indicó en declaraciones escritas, la UPR tiene un presupuesto proyectado deficitario para este año fiscal 2021-2022 el cual afectará las operaciones futuras.
“Esta información contradictoria confunde a la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes que han decretado un paro indefinido en la UPR-Cayey y en otros tres recintos”, expresó el presidente interino de Apdcuc, Humberto Malavé Núñez.
Estableció que “no podemos olvidar que la administración universitaria decidió no presentar alternativas al propuesto ajuste de la deuda bajo la premisa claramente equivocada de que el expresidente Jorge Haddock tenía la capacidad administrativa y filantrópica de allegar los fondos necesarios para las operaciones de la UPR. Esta nefasta decisión gerencial provocó que se perdieran años críticos para defender y transformar adecuadamente a la Universidad”.
Según la organización, a días para que la jueza de quiebras Laura Taylor-Swain ratifique el acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico y la JSF, “lamentablemente es poco o nada lo que se puede cambiar a favor de la UPR y los demás impactos que el ajuste de la deuda tiene y tendrá para todos los puertorriqueños”.
La Apdcuc señaló que es responsabilidad de la administración universitaria informarle a la comunidad universitaria qué factores financieros y qué estrategias administrativas y académicas fundamentaron sus acciones para aceptar un presupuesto de $500 millones para mantener una operación sostenible en la UPR.
“Permitir que los paros indefinidos continúen, seguir con la falta de información y ponerle el peso a los profesores para que pongan fin al paro estudiantil no le hace bien al futuro inmediato de la UPR. Se tiene que demostrar gobernanza en todos los niveles o se pondrá en riesgo, como ya lo ha indicado la Middle States Association, la acreditación y la continuidad operacional de la UPR”, agregó.
No obstante, la Apdcuc afirma que quedan tareas en las que la comunidad universitaria —profesores, estudiantes, trabajadores y la administración— puede interceder para que el presupuesto universitario sea maximizado y utilizado eficientemente. Sin embargo, se requiere transparencia y crear una cultura de colaboración y adaptación entre todos los componentes del sistema.
La Apdcuc reclamó de la administración universitaria que sea proficiente con su presupuesto, ser innovadora, creativa en el uso de los recursos humanos y tecnológicos, establecer más lazos con la industria privada de tal manera que la academia pueda sacarle réditos al conocimiento y eliminar o reducir dramáticamente contratos y operaciones que gravan los presupuestos universitarios. Igualmente, la UPR tampoco ha sacado provecho del recurso intelectual universitario, incluyendo el estudiantil, ni han sido exitosas las campañas para dotar la UPR con recursos de fuentes externas.
Históricamente, aunque con excepciones, las finanzas universitarias han sido mal manejadas. De igual modo, la falta de transparencia de sus finanzas y los problemas de gobernanza han colocado a la UPR en una posición insostenible para defender los intereses universitarios ante su propia comunidad y del pueblo que la financia.
La UPR, se advirtió, debe afrontar la nueva realidad con liderato de transformación y adaptación que logre posicionarse como el eslabón unificador de un ecosistema de cambio y llevar a Puerto Rico a un nivel de competitividad basado en sus fortalezas y ventajas estratégicas. Para esto la Junta de Gobierno, que representa al pueblo de Puerto Rico, y la comunidad universitaria, deben evaluar un plan estratégico que desarrolle políticas que impacten positivamente la nueva realidad socioeconómica.