Tribunal en República Dominicana impone prisión preventiva a policías corruptos

Justicia Social

(San Juan, 11:00 a.m.) Un tribunal de la provincia Barahona, región suroeste de la República Dominicana, le impuso un año de prisión preventiva a 14 agentes policiales sometidos ante la justicia por el robo de alrededor de 400 kilos de cocaína que habían ocupado el 28 de agosto pasado a unos individuos y que fuera vendida a narcotraficantes que son perseguidos con órdenes de captura.

La droga tiene valor que supera los 260 millones de pesos en el mercado local (4,6 millones de dólares), según cálculos de las autoridades.

La información fue ofrecida por la Procuraduría General de la República en un comunicado enviado a los medios, en el que afirma que la penalidad cautelar surgió a solicitud del Ministerio Público, que declaró el proceso de investigación como complejo.

La jueza María Consuelo Valenzuela, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona, dictó la ordenanza de coerción al capitán Rafael Amaurys Medina Pérez, al sargento Oscar Andrés Valentín Jiménez, al cabo Esteban Armando Féliz Batista, los rasos Iván Féliz Vólquez y Carlos David Pimentel Cuevas.

También, los sargentos Frainel Féliz, Jorge Ramón Alcántara Urbáez, Jordany Cuevas Méndez, Miguel Ángel Féliz, cabos  Juan Carlos Medina Méndez y Welni Féliz y a los rasos Junior Geraldo García, Brayan Polanco y José M. Olivero.

La corte ordenó el cumplimiento de la medida en recintos penitenciarios localizados en Neyba, Jimaní, Baní y Najayo y, además, autorizó la retención de más de un millón 700 mil pesos dominicanos (30,357 dólares) decomisados durante la investigación.

El Ministerio Público persigue por este caso a otros dos hombres identificados hasta el momento como Álvaro y el Guardia.

Las sustancias narcóticas corresponden a cocaína y marihuana, adquiridas en un “tumbe” contra unos sujetos desconocidos que la introdujeron al país por las costas de la comunidad Salina, Villa Central, y las abandonaron al notar la presencia de los policías, según establecen los indagadores.

El expediente acusatorio consigna que los uniformados no reportaron el cargamento a los superiores y en cambio se lo repartieron.

Además, sustrajeron un fusil y tres pistolas que habían ocupado durante la operación, de las cuales solo el primer artefacto ha sido recuperado por las autoridades.

La Procuraduría General de la República recordó que, a raíz de la sustracción de la cocaína, el cabo Esteban Armando Féliz Batista fue secuestrado y golpeado por tres de sus compañeros, luego que este amenazara con delatar al grupo por sentirse inconforme por la poca ganancia que recibió del reparto de la droga.

El rapto ocurrió el pasado 3 de noviembre en la carretera Barahona-Pedernales, cuando se trasladaba en una motocicleta de su propiedad.

El Ministerio Público indicó que por ese cautiverio fueron sometidos a la justicia los policías Wellington Ferreras, Jonathan Pérez y Cherilyn Suero Medina, así como el civil Jorge Luis Díaz

El documento indica que los imputados exigían 5 millones de pesos (89,285 dólares) por la liberación del cabo Esteban Armando Féliz Batista.

Posteriormente, al no conseguir lo reclamado, le exigieron que buscara 2 millones  (US$35,714) obtenidos por la venta de la droga, a lo que este solo respondió con la entrega de un millón 745 mil pesos (31,160).

Después de la entrega del dinero, el grupo lo dejó abandonado en unos matorrales, desde donde fue llevado a un destacamento policial, tras lo cual se abrió una investigación que condujo al arresto de los imputados.

El Ministerio Público les atribuye a los agentes policiales la violación de varios artículos del Código Penal; de la Ley 583, sobre Secuestro; de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas; así como la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.