Los representantes del sector docente y estudiantil ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) denuncian que la Presidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Dra. Mayda Velasco, nombrada por el Gobernador de Puerto Rico, margina y excluye de discusiones en el cuerpo a los representantes electos de la comunidad universitaria.
La Junta de Gobierno en su reunión extraordinaria del miércoles, 17 de noviembre de 2021 aprobó de forma atropellada cuatro mociones que solo fueron presentadas y consultadas previo a la reunión con los miembros nombrados por el gobernador y dejando afuera a los representantes estudiantiles y claustrales de este cuerpo. Esta acción implica que los miembros de la Junta nombrados por el Gobernador han decidido excluir de las discusiones internas sobre el Sistema de la UPR a los representantes legítimos electos de la comunidad universitaria. Ni la ley universitaria ni el Reglamento General de la UPR le permiten a la Junta operar de esa manera.
Las mociones presentadas en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno por los miembros nombrados por el Gobernador invocaban la Ley 90 del 2017, las juntas de disciplina, limitar la participación estudiantil en los procesos de diálogo y continuar la confrontación; mociones que no contribuyen al proceso de diálogo que debe darse en toda institución educativa. Esas mociones fueron aprobadas en la Junta de Gobierno sin seguir los procesos parlamentarios que incluyen la discusión de mociones previo a la votación por las mismas. La Presidenta de la Junta de Gobierno indicó que no habría debate porque no había ni un solo miembro dispuesto a tomar un turno a favor de los méritos de esas cuatro mociones y que por lo tanto solo se podía proceder a votar sobre ellas sin permitir discusión.
Las actuaciones de la Junta de Gobierno de excluir a los representantes electos de la comunidad universitaria merecen el repudio de toda la población y representa un ejemplo más de los problemas de gobernanza que tiene la UPR. Es evidente una vez más la necesidad de aprobar una nueva ley universitaria que evite ese tipo de actuación que responde más a otros intereses que a intereses de la comunidad universitaria.