(San Juan, 10:00 a.m.) El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expresó que las medidas presentadas por el gobernador Pedro R. Pierluisi no conllevan una urgencia en su aprobación, por lo que se pueden atender en la tercera Sesión Ordinaria que comenzará el 10 de enero de 2022, determinando levantar los trabajos sine die.
Al reanudar sus trabajos legislativos este lunes como parte de la Sesión Extraordinaria, en respuesta a la Orden Ejecutiva 2021-078 que emitió el gobernador puertorriqueño, Dalmau Santiago consideró que hay medidas que tienen urgencia y no forman parte de esta extraordinaria.
“Nosotros desde la semana pasada nos comunicamos con personal legislativo de Fortaleza y les hicimos las observaciones, y pasó viernes, el sábado, domingo y hoy lunes, no hay señales de otra legislación y prácticamente en el Senado se decidió cerrar la Extraordinaria y atender las medidas con sus debidos procesos…”, dijo el presidente del Senado.
Para Dalmau Santiago, “se tienen que hacer vistas públicas adicionales y medidas que llegaron reciente y no son de urgencia se atenderán durante este mes para ser consideradas a partir de enero”.
“Le hemos notificado a la Cámara que no continuaremos con la Extraordinaria, por lo menos las medidas del Senado no están listas para ser consideradas. Por esas consideraciones, planteamos que se puedan levantar los trabajos de la Extraordinaria en el día de hoy”, destacó en su turno inicial Dalmau Santiago.
Añadió que las medidas de urgencia eran las enmiendas a la Reforma Laboral y una medida para capitalizar las cooperativas.
El presidente del Senado enfatizó, además, que “las comisiones van a seguir trabajando, los senadores tienen que seguir viniendo aquí, vamos a seguir recibiendo los memoriales explicativos, vamos a seguir indagando con las investigaciones”.
Entre las medidas para atender durante la sesión extraordinaria se encontraba el Proyecto de Cámara 911 para establecer la Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar, garantizar cumplimiento con las partes B y E del Título IV de la Ley del Seguro Social, según enmendada por la Family First Prevention Services Act; derogar la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores; y para otros fines relacionados.
La legislación busca prevenir la separación de familias proveyéndoles servicios informados en trauma y basados en evidencia en áreas de salud mental, abuso de sustancias, destrezas de crianza en el hogar, y programas de apoyo y acompañamiento a cuidadores, promoviendo que los menores permanezcan, siempre que sea posible, en sus hogares o con familiares.
Sin embargo, para que la legislación federal fuera implementada en el país se necesitaba que las jurisdicciones establecieran un plan de acción con fases y métricas de cumplimiento, y en el caso de Puerto Rico se solicitó prórroga para completar el proceso.
El plazo, solicitado por el gobierno bajo las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced, venció el pasado 1 de octubre de 2021.
En su turno inicial, la presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, Rosamar Trujillo Plumey, quien atendió la medida, manifestó que la versión de referencia del PC 911 y PS 537 fue radicado el pasado 25 de agosto de 2021 y referido a la Comisión para su atención.
“Un gobierno que no empezó (con el proceso), ahora y desde 2017 sabía que tenía que presentar legislación y no lo hicieron. Presentan legislación a 36 días de su vencimiento del plazo establecido. En un tema tan importante, el gobernador y el Departamento de la Familia lo dejaron para último momento”, argumentó Trujillo Plumey.
Además, la senadora indicó que “en mi conversación más reciente con (representantes del) gobierno federal me indicaron que no es correcto que Puerto Rico será penalizado por los fondos. Aquí se celebraron cuatro vistas (públicas), donde diez entidades comparecieron, incluyendo enmiendas del propio Departamento de la Familia”.
“Entidades directamente relacionadas con el tema indicaron, que el Departamento de la Familia no los contactó. La Secretaria de la Familia brilla por su ausencia ante este tema”, recalcó.
Por su parte, la senadora de la delegación de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, manifestó que es deseable el objetivo de preservar la unidad familiar, “ahora bien, para que dicho abordaje redunde en el mejor interés de los menores, el Departamento de la Familia tiene que contar con su andamiaje para su implementación, situación que hasta hace dos meses indicaron que no tenían”.
“En las vistas (públicas) el Departamento dijo que necesitaba 200 trabajadores sociales y que todavía estaban evaluando los materiales”, resaltó al establecer que “evidentemente el Departamento de la Familia reconoció que no está preparado para una implementación efectiva de esta Ley”.
“Cuando se trata de menores maltratados no puede haber espacio para errores, sobre todo los que pueden ser evitados. Aquí no se pierde el dinero federal del Título 4”, ratificó Rodríguez Veve.
Por otro lado, la Cámara Alta avaló la Resolución del Senado 457 que fue descargada de comisión.
La medida, de la autoría del presidente del Senado y el senador Ramón Ruiz Nieves, expresa el rechazo del Senado de Puerto Rico al aumento de máquinas de juegos de azar en Puerto Rico propuesto por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, en atención a la inexistencia de un reglamento anterior y de experiencia de puesta en vigor de la Ley 81-2019.