(San Juan, 1:00 p.m.) Vivimos un país donde las fuerzas de seguridad del territorio colonial, es decir el gobierno de Puerto Rico, no se enteran de los actos de corrupción política, salvo cuando les conviene. En el día de hoy, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) le ha radicado querellas tanto a la pasada alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y a la pasada alcaldesa de Ponce, Maria “Mayita” Meléndez.
En fin, que a ambas se les acusa de haber contratado a personas que estaban relacionadas a otras personas que también trabajaban en sus municipios. En el caso de San Juan, se contrató para un proyecto a un médico, y por otro lado, para otro proyecto, se contrató a la esposa del médico. En el caso de Mayita Meléndez, en ocho ocasiones contrató personas sin haber pasado por el crisol de la asamblea municipal.
En fin, a ambas sus respectivas querellas involucran multas de $20 mil dólares. Ahora tienen que contestarlas y defenderse.
Lo cierto es que en estos caso, que requieren cierto grado de investigación, el Departamento de Justicia, presidido por Domingo Emanuelli, actuó con diligencia. En ambos casos, las ofensas, sí alguna, son menores. Ahora bien, en el caso de Félix “el Cano” Delgado, o de Ángel Pérez, ambos alcaldes hoy sancionados y acusados por corrupción, el Departamento de Justicia ni se enteró de que estaban vivos. Patético.