(San Juan, 10:00 a.m.) Contrario a la última década del siglo pasado, Puerto Rico ha
pasado de ser de una de las jurisdicciones menos corruptas del dominio de Estados
Unidos a ocupar de manera consistente el segundo lugar en convictos por corrupción
pública entre todos los estados y territorios, según estadísticas oficiales.
Las cifras indican que de los cerca de 500 convictos por casos federales de corrupción
pública desde 1976, más del 73 por ciento se han producido a partir del cambio de
siglo.
Las estadísticas anuales de la Sección de Integridad Pública del Departamento de
Justicia de EEUU indican que, en la primera década de este siglo XXI, el distrito federal
de Puerto Rico saltó de manera súbita al segundo lugar detrás de Nueva Jersey y, en
la segunda década, detrás del distrito este de Virginia. Si en lugar de distritos federales,
se calcula a base de jurisdicciones políticas, Puerto Rico ocupa el deshonroso décimo
lugar, por encima de más de cuarenta estados y territorios.
Mientras durante el último cuarto del siglo XX un año con 13 convictos por corrupción
era uno de alta incidencia, en 2001 Puerto Rico llegó a un nuevo pico con 101
convictos, marca que se superó en 2011, cuando se produjeron 130, entre funcionarios,
políticos y socios privados de ese crimen de cuello blanco. De 1976 a 2019, hubo 493
convicciones federales por corrupción, 73,6 por ciento de las cuales han ocurrido en
este siglo.
Las estadísticas analizadas no cubren los últimos dos años, en los que se han
producido nuevas batidas de los agentes federales contra funcionarios, políticos y
empresarios, por lo que la cifra actual ya sobrepasa los 500 convictos. Tampoco se
toman en cuenta los acusados que han resultado absueltos, como el notorio caso del
gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que logró que prevaleciera su inocencia ante 27
cargos de corrupción que se le imputaron en el tribunal de distrito federal.
Al tratarse de casos federales, habría que sumarle los que fueron procesados y
convictos en los tribunales de la colonia y, además, tener en cuenta de que los casos
de corrupción tienden a tomar años en madurar, desde que se cometen los delitos
hasta que se produce el desenlace en los tribunales. Así, una cantidad importante de
los convictos en los primeros años de este siglo, cometieron los crímenes que se
imputaron a finales del siglo XX.
El cambio hacia la corrupción no fue el único ocurrido en los últimos años del siglo
pasado. Uno de los más notables fue el impulso del neoliberalismo con la venta de
muchas empresas públicas, lo que alteró las relaciones de patronazgo y de
contrataciones para la pequeña burguesía de Estado que había tomado mucha fuerza
desde que EEUU decidió gobernar a Puerto Rico a través de un régimen de forma
autonómica denominado Estado Libre Asociado.
A principios de los años noventa, se vendió la fábrica procesadora de piñas Lotus, que
desde 1955 había capturado más del 90 por ciento del mercado y desplazado a los
gigantes estadounidenses Dole, Lybby´s y Del Monte. Durante los años finales del siglo
XX, se “privatizaron” -entre otros- los hospitales públicos, la ruta principal del transporte
de autobuses, los proyectos de vivienda pública, cárceles, la empresa naviera, el
recogido de basura, la compañía de teléfonos y los hoteles.
Esos contratos de privatización no terminaron con el siglo, sino que han continuado con
fuerza, dando oportunidades nuevas de negocios de recolonización a empresarios y
aventureros de EEUU y de comisiones y prebendas corruptas para sus contrapartes de
a elite política y económica pro estadounidense. Así, por ejemplo, se ha privatizado el
aeropuerto internacional, se cierran y privatizan escuelas, la Universidad de Puerto
Rico es empujada a la privatización por el estrangulamiento económico y se han
asignado miles de millones de fondos de EEUU a la empresa LUMA para que se haga
cargo de la energía eléctrica.
No se trata de que la corrupción sea un fenómeno nuevo en la historia de Puerto Rico.
El primer historiador de Puerto Rio, Diego de Torres Vargas, narró a principios del siglo
XVII, cómo el propio gobernador hacía negocios de contrabando y la manera en que
hubo que torturar a muchos vecinos por el robo del situado mexicano -equivalente de
las transferencias de EEUU hoy en día- cuyo botín fue repartido en diferentes casas.
La participación estadounidense en la corrupción también se remota a tiempos de
España y en 1824, la primera invasión de Puerto Rico por parte de la armada de
EEUU, ejecutada por el comodoro David Porter, tuvo entre sus motivos el cobro de una
deuda de contrabando. Aquel caso, notorio bajo el nombre de “Foxardo Affair”,
estremeció al Wáshington de la época.
El ex legislador independentista y uno de los principales jurisconsultos Victor García
San Inocencio, de la Pontificia Universidad Católica, comentó que buena parte de lo
que ocurre es que “A Puerto Rico le ha tocado cargar dos cruces: el neoliberalismo y el
colonialismo. Pero, advirtió que a la incidencia de la corrupción en la historia de Puerto
Rico y a las nuevas oportunidades para ese crimen, hay que sumarle las políticas de
persecución estadounidenses contra sus propios incondicionales porque “ya no hay
compromiso de Washington ni con el Estado Libre Asociado, ni con la estadidad”.
De hecho, hasta ahora no se han rendido cuentas ni fijado responsabilidades por las
acciones y omisiones de Quinto Ejército de EEUU durante la emergencia del huracán
María, o por el aventurerismo estadounidense con los suministros y reparaciones del
sistema eléctrico, aunque cayeron en casos de corrupción algunos funcionarios
federales. De igual forma, la junta de control fiscal impuesta por EEUU hace y deshace
sin tener que rendir cuentas y tiene como directora ejecutiva a la ex ministra de
finanzas de Ucrania Natalie Jaresko, cuyo historial en relación a la corrupción parece
no haber sido objeto de escrutinio público para su nombramiento.
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