En las últimas horas se ha generalizado el rechazo de parte de diversos sectores del país, entre ellos el liderazgo político y empresarial, contra la alerta emitida el pasado 19 de noviembre por la embajada de Estados Unidos en la que expresa que el gobierno dominicano detiene a ciudadanos afro-estadounidenses por su color de piel en el marco de los operativos migratorios contra haitianos indocumentados.
En ese contexto de repudio, la cúpula empresarial dominicana recomendó declararle un boicot a la sede diplomática estadounidense en el país al considerar el comunicado como “una intromisión y atrevimiento” en los asuntos internos de la nación.
Esa postura representa un espaldarazo a la posición asumida por República Dominicana que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) señaló que el aviso de la entidad estadounidense es “manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz” y que los contenidos “contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en todos los ámbitos”.
“En consecuencia, esperamos que el gobierno de Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado a la mayor brevedad posible”, manifestó el Mirex.
El repudio también lo han manifestado el Episcopado Dominicano, máximo organismo de dirección de la Iglesia Católica a nivel local; el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), líderes sindicales, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el Instituto Duartiano, y otros sectores.
Congresistas de diferentes partidos políticos calificaron la advertencia como “una intromisión y atrevimiento”, y le recordaron a Estados Unidos que debe asumir su rol de enfrentar el problema haitiano.
Así lo expresaron, por separado, los diputados oficialistas Amado Díaz, Dulce Quiñones y Ramón Bueno; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Tulio Jiménez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y Juan Dionicio Restituyo, del Frente Amplio.
Díaz consideró que la advertencia se enmarca en lo que entiende “es el accionar de ese país, de creerse policía del mundo” y de que pueden imponer políticas migratorias en otros territorios.
“Eso es una intromisión, un atrevimiento de su parte. Cada Estado se reserva el derecho de admitir o rechazar ciudadanos de otras naciones dentro de su territorio. Es lo que República Dominicana ha estado haciendo. El gobierno, al repatriar nacionales haitianos, lo que hace es aplicar lo que establece la ley como forma de garantizar la soberanía nacional”, dijo.
Declaró que Estados Unidos no es el más llamado a hacer ese tipo de pronunciamientos con respecto a la política migratoria nacional, debido a que si existe una nación que no acepta ilegales, es ese país.
En tanto, la diputada Dulce Quiñones instó a la embajada a inmiscuirse en sus asuntos internos y no en los nacionales, y exhortó a ayudar a los haitianos para que Haití logre estabilizarse. “Que se meta con los inmigrantes que pasan por México, porque ellos no quieren que entren inmigrantes allá de México, entonces, ¿por qué se tienen que meter en lo de nosotros?”, cuestionó.
En iguales términos se pronunció el congresista Ramón Bueno, quien destacó que la ley de Migración debe ser aplicada por República Dominicana para garantizar la soberanía nacional.
Por igual, el legislador reformista Máximo Castro Silverio sugirió al liderazgo político, económico, sindical y social realizar una cumbre para buscar soluciones entre todos. De esa forma, sugirió a esos sectores trabajar de la mano con el gobierno a fin de salvaguardar la soberanía nacional. Recomendó no politizar el tema de la inmigración de haitianos ilegales.
El diputado del partido morado Tulio Jiménez manifestó su respaldo a la política migratoria del gobierno y advirtió que ninguna “agenda internacional” va a doblegar al país.
Dijo que para garantizar que se cumplan la ley de Migración y la Constitución, hay que apoyar todas las acciones que sean necesarias que impulse las autoridades, sin importar quien gobierne. “Todo aquel que está ilegal, no importa si es chino, taiwanés, de cualquier país, tiene que repatriarse a su país”, expresó.
En ese sentido, desmintió los alegatos externados por los Estados Unidos y dijo que desde hace años las grandes potencias han querido acusar al país caribeño de diversas cosas que considera son falsas.
Al ser consultado sobre el particular, el diputado del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, expresó que la nación quisqueyana tiene todo su derecho de deportar a todos los ciudadanos extranjeros que se encuentren de forma irregular, siempre que se haga con respeto a los derechos humanos.
Rechazo de empresarios
Los empresarios Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y Celso Juan Marranzini, titular de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), calificaron de “desafortunado, desatinado e injusto” el referido documento, en el que advirtieron a los ciudadanos estadounidense de un supuesto “trato desigual” para las personas de piel oscura por parte de los agentes de Migración.
Ambos empresarios coincidieron en pedir a Estados Unidos aportar soluciones en vez de criticar a República Dominicana.
A manera de boicot, Marranzini recomendó al Consejo Nacional de la Empresa Privada y a la Asociación de Industrias de la República Dominicana que no asistan mañana, miércoles, al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), con Robert Thomas, en protesta por la citada alerta.
Bloqueo fronterizo
A la par con los rechazos al manifiesto del gobierno estadounidense, ayer un grupo de haitianos cerró el paso fronterizo entre Juana Méndez y la provincia dominicana de Dajabón (región Noroeste), en protesta por la presunta forma “inhumana” en la que a su juicio se realizan las repatriaciones de sus compatriotas de parte de la Dirección General de Migración.
Dijeron que en los operativos se incluye a haitianos que residen “legalmente” en el país, entre ellos mujeres embarazadas y niños.
Los manifestantes advirtieron que el portón en el entorno del puente sobre el río Masacre permanecerá cerrado por tiempo indefinido, comportamiento que busca neutralizar las actividades comerciales del mercado binacional de Dajabón, donde cientos de haitianos cruzan desde su territorio para abastecerse dos días a la semana de alimentos y otros productos.
Un total de 15 mil extranjeros fueron deportados desde República Dominicana en octubre, según la Dirección General de Migración.