San Juan- Las autoridades federales de Estados Unidos atenderán la próxima semana una petición judicial que busca hoy la restitución de 500 mil personas en el registro electoral de Puerto Rico, excluidos por ausentarse del voto durante los comicios de 2008. El diputado Charlie Hernández, del oposicionista Partido Popular Democrático (PPD), confirmó que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, en Estados Unidos, celebrará una audiencia argumentativa el jueves de la semana próxima al acoger el reclamo de una electora perjudicada por la exclusión.
La intervención del tribunal estadounidense se debe a que la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico de excluir a los electores choca con la ley federal, que prohíbe la exclusión de votantes.
El presidente de la CEE, Héctor Conty Pérez, deberá responder a través de sus representantes legales las consecuencias de la reactivación del medio millón de electores para los comicios del próximo 6 de noviembre, cuando también se realizará un plebiscito de estatus.
El abogado de la CEE, José Nieto, anticipó que ese organismo mantendrá su posición a partir de lo que establece la ley puertorriqueña de sacar del padrón electoral a aquellos ciudadanos que no participan de los comicios, ya que resultaría costoso un cambio en tal sentido.
Aunque durante la actual administración gubernamental, el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha introducido cambios en leyes locales para acercarlas a las de Estados Unidos como parte de una estrategia anexionista, los puertorriqueños no tienen derecho a votar por el presidente norteamericano.
El tribunal de apelaciones en Boston ha pedido al secretario de Justicia federal que comparezca a explicar si la leyes electorales federales aplican a Puerto Rico o si es válido el argumento de que su no aplicación viola la cláusula de igualdad de derechos por ser los puertorriqueños ciudadanos estadounidenses por imposición desde 1917.
El diputado Hernández entiende que la ley electoral de Puerto Rico "atenta contra derechos electorales básicos al castigar al ciudadano por ejercer su derecho a no votar".
Este caso emerge en momentos en que hay un alerta generalizado ante el temor de un fraude por los electores encamados, muchos de los cuales están incapacitados para sufragar.
En este aspecto también se ha encontrado personas solicitando votar como postrados en cama (encamados) cuando en realidad han fallecido, según denunció el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Guaynabo, Luis Abreu Elías, que destapó el escándalo.
Abreu Elías pudo corroborar de falsificación de firmas por funcionarios del municipio de Guaynabo, contiguo a San Juan, que responden al PNP.