Los hechos son complicados, pero un nuevo funcionario que lleva el título de Contralor Electoral, cuya función principal parece ser callar a cualquier grupo que se exprese en contra de las políticas del Gobierno durante esta época eleccionaria, decidió prohibir que un grupo que representa a víctimas de impericia médica paute anuncios en radio y televisión en contra de un reglamento que favorece a hospitales privados.
El grupo, la Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM), radicó una acción de interdicto preliminar y permanente en una acción de daños por violación a derechos civiles, notoriamente la libertad de libre expresión y de asociación. El pleito impugna las acciones de Manuel A. Torres, director de la recién creada Oficina de Contralor Electoral, adscrita a la Rama Legislativa. Torres, quien hasta hace poco fuera secretario del Senado, es conocido como un fiel cadete de su autocrático Presidente Thomas Rivera Schatz. Durante un pasado referéndum constitucional, Torres se distinguió por negarle el permiso para pautar anuncios a los seguidores de la posición contraria al Gobierno. Tiene una cara de “yo no fui”, pero es el último protagonista de un Gobierno que se ha caracterizado por amapuchar derechos.
Al verse emplazado, Torres retiró la orden pendiente una “investigación de gastos”. Entonces argumentó que la acción se había tornado académica, cosa que el Juez Daniel Domínguez del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, descreyó porque mantiene control de caso. Ahora, el tribunal podría entrar en la materia de daños sufridos por demandantes. El Reglamento, creado tras bastidores por la Oficina del Gobernador Luis Fortuño, extiende a 10 hospitales privados los mismos topes que tienen los hospitales del Gobierno por reclamaciones por acciones de impericia médica. Este establece un tope $75,000 por paciente en sus reclamaciones por negligencia contra estos hospitales.
Fortuño se fue sigilosamente por vía de reglamento después de fracasar dos veces por que la Legisislatura estableciera topes de compensación a las víctimas de impericia médica para médicos en general y los hospitales privados. AVIM entonces comenzó con sus pautas. Torres opinó que el grupo al expresarse en contra de las políticas de Fortuño comenzó a participar en la contienda política y por lo tanto tenía que estar inscrita en su oficina y pedir permiso para pautar los anuncios.
En un acto de temeridad política y atrevimiento, al día siguiente de radicarse el caso en la Secretaría del Tribunal Federal, Fortuño se reunió con un grupo de dueños de hospitales en un lujoso restaurante para levantar fondos para su campaña re-eleccionaria. No estaba en los planes que la prensa se enterase, y al terminar la actividad privada, un glacialmente pálido y ojeroso Fortuño huyó velozmente de la escena. Las preguntas que levanta toda esta comedia de errores podrían no tener respuestas satisfactorias ¿Por qué a poco tiempo de las elecciones Fortuño se echa encima a las víctimas de negligencia médica, muchos de los cuales terminan seriamente incapacitados? Los costos de impericia y su relación con los costos de trato médico no es ni siquiera un planteamiento eleccionario. El que el Gobernador trate de salirse con la suya tras bastidores muestra que no respeta ni a su electorado ni la democracia. Trivializa la acción judicial acusando al abogado de militar en el principal partido de oposición (deduce que tiene que serlo ya que su tía lo era). Posiblemente su democracia sea para unos cuantos, los que le dan un dinerito en actividades cuasi-clandestinas. Lo verdaderamente triste es que estoy excluido; sería divertido ser parte de ese tipo de un club tan influyente.