Santo Domingo-La propuesta del Gobierno dominicano de una nueva reforma fiscal encontró el rechazo en diversos sectores que la consideran insuficiente para resolver el déficit existente en este país caribeño.
Según el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, los impuestos son injustos, innecesarios y tienden a provocar una inflación insostenible.
Este proyecto es lesivo, dañino y perturbador, y constituye una estocada mortal a las ya difíciles condiciones de vida de los dominicanos, consideró.
Por medio de un comunicado, Potentini llamó a los legisladores a reflexionar sobre las consecuencias de subir la presión tributaria a límites nunca registrados en esta nación.
Tras presentar la propuesta el pasado 4 de octubre en una reunión con el Consejo Económico y Social, el presidente dominicano, Danilo Medina, reconoció que hablar de esta opción constituía un trago amargo.
Sin embargo, el jefe de Estado manifestó que las circunstancias del momento se imponen, y resulta necesario llevar adelante la medida en aras de disponer de nuevos fondos.
La realidad es dura, y se requiere del esfuerzo y sacrificio de todos con el fin de reencauzar el crecimiento y el desarrollo sostenido del país, aseveró.
Para cumplir los compromisos asumidos con el pueblo y mantener el crecimiento y dinamismo de la economía, subrayó, el Gobierno y el sector privado deben apoyarse mutuamente.
Medina reiteró que quiere mejorar la calidad de vida de los dominicanos al ofrecer salud, seguridad, vejez digna, educación y competitividad; pero múltiples voces consideran que la reforma daña los intereses de los menos favorecidos.
La iniciativa está dirigida al consumo y los más afectados son los consumidores, no se ve una intención de reducir el gasto público, manifestó el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Antonio Ramos.
Si se continúa gravando al consumidor dominicano, expuso, de esa misma manera "vamos a paralizar la economía de forma total", y las repercusiones serán una disminución de los ingresos.
A juicio de la Comisión Económica del opositor Partido Revolucionario Dominicano el proyecto es un parche para conseguir recursos frescos que necesita el Gobierno, e incrementará la pobreza y los niveles de desempleo.
Amas de casa agradecieron que en la propuesta no estén incluidos impuestos para los productos de la canasta básica familiar, mientras que líderes comunitarios pidieron una revisión del documento pues "quedará afectado el presupuesto de la clase media baja".
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, reveló que el déficit fiscal de Dominicana se situó al cierre del mes pasado en 148 mil 564 millones de pesos, tres mil 795 millones de dólares.
Tal cantidad, precisó el titular, representa el 6,5 por ciento del Producto Interno Bruto de esta nación, donde se estima un crecimiento económico de 4,5 por ciento al finalizar el 2012.
El Gobierno dominicano busca con la referida propuesta recaudar 53 mil millones de pesos, unos mil 349 millones de dólares, en los próximos tres años.
Con la iniciativa, que pasará ahora al Congreso, el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales aumentará del 16 al 18 por ciento, excepto en los productos de la canasta familiar y los servicios básicos.
También contempla incrementar la presión tributaria de 13 a 15 por ciento como había adelantado recientemente Montás, quien recordó antes que organismos internacionales sugirieron hace un lustro elevar ese parámetro.
Las bebidas alcohólicas serán gravadas de siete a 15 por ciento y se eliminará la exención del impuesto sobre la renta al doble sueldo y a quienes ganen por encima de 33 mil pesos (843 dólares).
Paralelamente, está previsto aplicar el 10 por ciento a los servicios de telecomunicaciones y telecable, y un impuesto similar a los dividendos del sector de zonas francas.
Asimismo, se creará un gravamen para la primera matriculación de los vehículos al 17 por ciento de su valor, y un recargo por emisión de dióxido de carbono por kilómetro, entre otras medidas.
Esta propuesta es una estafa para la población, pues estamos pagando los fondos que dilapidó el Gobierno del expresidente Leonel Fernández, apuntó el diputado Víctor Bisonó, del minoritario Partido Reformista Social Cristiano.
Sobre ese tema, el reconocido economista dominicano Miguel Ceara recalcó a Prensa Latina que Medina y su equipo de trabajo necesitan de legitimidad para implementar de forma exitosa la reforma fiscal.
Están obligados a dar señales claras de tolerancia cero a la corrupción con los funcionarios de ahora y los anteriores, enfatizó.
Nadie entregará un centavo al Gobierno si continúa el nivel de despilfarro heredado de la administración de Fernández, comentó el experto, quien también se refirió a la necesidad de disponer de nuevos fondos para el desarrollo nacional.