En días recientes se ha dado a conocer un alto al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y el gobierno colombiano. El acuerdo alcanzado en La Habana, Cuba, logrado en la tercera mesa de negociación entre las partes, establece el fin temporal de las hostilidades ofensivas por un periodo de seis meses a partir del 6 de julio de 2023, y así de manera progresiva, alcanzado plena vigencia a partir del 3 de agosto de 2023. En su cronograma, la guerra entre el ELN y el Estado colombiano debe cesar por completo en mayo de 2025.
Previo a la pasada tercera ronda de negociaciones, se habían llevado a cabo otras dos rondas en Caracas y Ciudad de México. Una próxima cuarta ronda regresará a la República Bolivariana de Venezuela a partir del 14 de agosto de 2023. La responsabilidad por supervisar el cese al fuego progresivo le corresponderá a la Iglesia Católica y a la Organización de las Naciones Unidas. Están pendientes de discusión y acuerdos aspectos tales como la solución al manejo de ciertos métodos o mecanismos de financiamiento atribuidos al ELN en sus operaciones, entre ellos los secuestros y extorciones.
No es la primera vez que el ELN decreta un alto al fuego en sus operaciones militares. Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos la organización guerrillera acordó un cese al fuego que se extendió por espacio de 101 días. También en el pasado, coincidiendo con festividades de fin de año o con procesos electorales, el ELN había decretado unilateralmente diferentes altos al fuego.
El ELN fue fundado en 1964. Al presente opera en la mayor parte de las regiones de Colombia, particularmente en 22 de los 32 departamentos del país. Su fuerza principal se localiza en las regiones fronterizas con Venezuela, como son el Norte de Santander y Arauca, Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Lariño y en la Franja del Pacífico. La fuerza militar del ELN se estima por algunas fuentes en 2,350 combatientes; aunque otras estiman su número en 2,900 combatientes
y varios miles de integrantes adicionales no combatientes. Al momento de su fundación en 1964 la organización tenía gran influencia de sectores católicos vinculados con la Teología de la Liberación. Uno de sus primeros mártires en la lucha guerrillera fue el sacerdote Camilo Torres.
Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en momentos en que avanzaban las negociaciones de paz con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), las negociaciones de paz con dicha guerrilla culminaron en 2017 con un acuerdo en La Habana. Un año después, sin embargo, con la llegada de Iván Duque a la presidencia, las conversaciones que el gobierno había iniciado desde un año antes con el ELN se dieron por terminadas. Precipitó la situación una operación militar de la guerrilla contra una instalación militar en Bogotá causando la muerte de 23 cadetes.
Los grupos guerrilleros o paramilitares en Colombia al presente son el Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central (EMC), compuesto por ex integrantes de las FARC-EP que no se acogieron a los acuerdos de paz; el Frente 33 (también proveniente de excombatientes de las FARC-EP); el Clan del Golfo; y paramilitares de la Sierra Nevada, a los que se suman diferentes grupos armados que responden al narcotráfico.
Luego de la llegada al poder de Gustavo Petro, a partir de agosto 2022, su gobierno decidió retomar las negociaciones a partir del punto en el que habían quedado detenidas durante el gobierno de Duque. Para ello se elaboró una agenda que comprendía: (a) la participación de la sociedad en la construcción de la paz; (b) democracia para la paz; (c) transformaciones para la paz; (d) víctimas; (e) fin del conflicto armado; y (f) plan general de ejecución de los acuerdos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
Es interesante que si bien las negociaciones comenzaron con Cuba, Noruega y la República Bolivariana de Venezuela como “países garantes”; luego de los primeros acuerdos en la mesa de negociación se acordó invitar a que se sumaran al esfuerzo a Brasil, Chile y México; y como “países acompañantes” a Alemania, Suecia, Suiza y España. Las partes también han contemplado invitar como “enviado especial” a la mesa alguien que represente el gobierno de los Estados Unidos,
mientras la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en visita a Sudáfrica, también invitó a este país a participar como garante. El cuarto ciclo de negociaciones está pautado para dar comienzo del 14 de agosto al 4 de septiembre, como indicamos, en Venezuela.
Nos decía en los pasados meses el comandante del Ejército de Liberación Nacional y segundo al mando en las conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Pedro, Aureliano Carbonell, que en Colombia se han desarrollado otras negociaciones de paz más allá de las sostenidas con las FARC-EP, las cuales culminaran en los acuerdos de 2016. Menciona el caso en los años noventa de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL); y años más tarde con el Movimiento 19 de Abril (M-19).
Durante la década de 1960 se desarrollaron, además, otros movimientos guerrilleros como el del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento de Integración Revolucionaria y Patria Libre.
En 1984, luego de una reunión con los dirigentes de los diferentes frentes de guerra, las FARC-EP, como parte de los acuerdos suscritos con el gobierno de Belisario Betancourt, decretó un alto al fuego. Tales acuerdos abrieron paso a la formación política de la Unión Patriótica (UP). Esta organización de carácter legal fue eventualmente liquidada por escuadrones de la muerte compuestos por elementos vinculados con las fuerzas armadas, sectores oligárquicos vinculados al gobierno y los carteles del narcotráfico colombiano. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia responsabilizando al gobierno colombiano por la represión contra más de 6 mil integrantes de la UP, muchos de los cuales fueron asesinados, torturados, desaparecidos o tuvieron que optar por el exilio.
En 1988, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se desarrolló otra iniciativa de paz. Esta vez se creó una zona desmilitarizada de unas 40 mil kilómetros cuadrados de extensión, una superficie equivalente al tamaño de Dinamarca, la cual se conoció como “Zona de Despeje”. En ella, las FARC-EP ejercieron el control territorial y poblacional hasta el 2002 cuando fracasaron las negociaciones.
El 9 de marzo de 1990 se suscribió un acuerdo de paz entre la guerrillas del M-19 y el gobierno colombiano. El acuerdo dio paso a la formación de la “Alianza Democrática M-19”, la cual tendría un papel destacado en la redacción de la actual Constitución colombiana de 1991. De hecho en sus expresiones en la sede de las facilidades donde se anunciaron los acuerdos alcanzados con el ELN, Petro evocó la guerrilla del M-19 de la cual formó parte en su juventud indicando con relación a las aportaciones de la organización a la redacción y aprobación de la Constitución colombiana: “Yo soy presidente hoy gracias a esa Constitución.”
En esta ocasión y en lo que tiene que ver con el ELN, según indicaba el comandante Carbonell en la entrevista publicada en el periódico Claridad, edición de febrero de 2023, el proceso “tiene algo que es muy especial y es que la sociedad tiene que participar en el proceso y la sociedad en alguna medida es la que dice qué es lo que puede cimentar el proceso. Es decir, qué cambios inmediatos cimentarán el proceso de paz.” De lo anterior surge que el primer punto de la agenda tenga que ver con cuál ha de ser la participación de la sociedad en el proceso. Señala que el proceso de paz “tiene que habilitar unos cambios en los espacios de democracias.”
De acuerdo con Carbonell, desde la perspectiva del ELN, “no hay un cese bilateral al fuego” en la medida que tal alto al fuego fue tomada de manera unilateral por el gobierno. Sobre elementos positivos hasta el presente en las conversaciones de paz se encuentra: (a) el reconocimiento por parte del gobierno de que en Colombia, aquellos que fueron tratados como terroristas y delincuentes, se reconoce hoy son presos políticos; (b) el acceso por parte de éstos a medidas humanitarias como ayuda médica especiales para quienes padecen enfermedades terminales o graves problemas de salud; (c) la atención sobre el hacinamiento carcelario; y (d) la excarcelación de cientos de jóvenes que participaron en las movilizaciones populares de 2022, aunque haciendo constar que Petro tiene la presidencia y la Rama Ejecutiva, pero que el poder económico “sigue plenamente en manos de los de siempre”, con el apoyo de los Estados Unidos.
En la pasada ronda de negociaciones el gobierno colombiano estuvo representado por Otty Patillo, un ex guerrillero del M-19 y los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro; por el ELN estuvieron el
Comandante el ELN Israel Ramírez, alias, “Pablo Beltrán”, así como dirigentes como Aureliano Carbonell y Nicolás Rodríguez Bautista. En los actos de clausura de esta tercera ronda celebrada en Cuba, significando la importancia de los acuerdos, estuvieron también presentes, por parte del gobierno de Colombia su presidente, Gustavo Petro; y por parte del Ejército de Liberación Nacional, su Comandante, Antonio García.
Todavía es incierto si, como ocurrió con los acuerdos negociados por las FARC-EP, todos sus frentes militares o toda su militancia y combatientes se sumarán a la agenda de paz. Sin embargo, es el sentir de las partes apostar a que para mayo de 2025 habrá cesado la guerra iniciada en 1964 entre el ELN y el Estado colombiano. Así lo ha expresado el presidente Petro al decir: “En mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado.”
Mientras se desarrollan los diálogos con el ELN comenzados a finales del 2022, los cuales estuvieron acompañados por un alto al fuego unilateral por parte del gobierno de Gustavo Pedro el 31 de diciembre de 2022, también se abrió un nuevo frente de negociaciones con el Estado Mayor Central, una de las disidencias de la FARC-EP que no depusieron las armas luego de los acuerdos de paz. Se indica que como paso previo al inicio de estas conversaciones, la Fiscalía de Colombia, mediante la Resolución 039 y por instrucciones impartidas por el presidente Gustavo Petro, suspendió el 8 de marzo de 2023 las órdenes de captura contra 19 dirigentes de dicha organización.
De acuerdo con Petro, el establecimiento de una mesa de discusión entre su gobierno y el Estado Mayor Central apuntaría al “comienzo de un segundo proceso de paz”. Indicó que el Estado Mayor Central se ha integrado a las conversaciones de paz, “para finiquitar …este acuerdo de paz pasado y volverlo completo.”
Es la esperanza del presidente Petro que este conflicto colombiano, que a lo largo de los años ha dejado más de 9 millones de personas desplazadas, muertas o desaparecidas y alrededor de más de 250 mil muertos, pueda en el futuro concluir. Esta también es, para quienes observamos desde la solidaridad con el pueblo colombiano el desarrollo de las conversaciones, nuestra esperanza.