Es año de elecciones generales y hasta se celebra un referéndum para que los puertorriqueños opinen sobre su relación con los Estados Unidos, pero estos no han podido decidir asuntos importantes sobre la participación en sus comicios sin recurrir a los tribunales norteamericanos, que tuvieron de una forma u otra que intervenir ante las alegaciones de uniones y partidos políticos que las leyes y una práctica electoral de la Isla violaban la ley estadounidense o federal.
Detrás de un caso que impugna la práctica de excluir de las listas electorales a personas que no votan en una elección de la próxima está el opositor Partido Popular Democrático, (PPD) que tiene grandes posibilidades de ganar las elecciones generales. Mientras tanto, un grupo de uniones instó una demanda contra el Gobierno sosteniendo que una nueva ley electoral, que limita la manera en que estas podían contribuir a campañas políticas, es contraria a la ley federal. Se considera que la ley fue promulgada para detener las contribuciones de las uniones al PPD. Históricamente, se ha dicho que la mayor parte del liderato laboral favorece a este partido. La Isla es un territorio norteamericano, condición que es considerada por muchos como colonial. Puerto Rico tiene un gobierno propio y usualmente maneja sus elecciones por sí sola, pero la Constitución y las leyes federales que designe el Congreso aplican a la Isla. Observadores y analistas miran con ironía a las dos recientes acciones judiciales ya que el Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), que favorece que prácticamente todas las leyes federales tengan vigencia en Puerto Rico, se opone esta vez a la aplicabilidad de estas a las elecciones de la Isla. El PNP aboga porque Puerto Rico sea un estado de los Estados Unidos, mientras la facción dominante del PPD quiere mantener el status quo y otra más pequeña quiere una nueva negociación de poderes con Norteamérica.
En el primer caso, después de ordenar una vista evidenciaria al tribunal de primera instancia federal en Puerto Rico, un tribunal de apelaciones localizado en Boston decidió que era muy tarde para hacer los cambios necesarios en las listas de votantes para las elecciones de 6 de noviembre. Las uniones también salieron triunfantes, y no tendrán, como dice la ley impugnada, que convocar una asamblea para que su membresía decida directamente a quién y cuanto donar, dejando la vía libre para que lo decidan los funcionarios de la unión.
La semana pasada, un analista político dijo con algo de humor que las elecciones en Puerto Rico se habían federalizado como si los Estados Unidos hubiesen puesto al aparato electoral en la Isla en sindicatura. En años recientes, el Gobierno de la Isla se ha tornado aún más dependiente de las agencias federales. La policía ha entrado en un acuerdo con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que permite a esta agencia tomar jurisdicción en investigaciones que normalmente serían territoriales. También, el Departamento de Educación local está en la mirilla de su homólogo federal, que quiere mejor contabilidad sobre dónde van los fondos para la educación que recibe la Isla de Washington.
En el caso de las listas, la Comisión Estatal de Elecciones, sostenía que incorporar a alrededor de 330,000 votantes excluidos a la elección se prestaba para fraude debido a que en las listas habría muchos muertos y gente que se había mudado de la Isla. Además argumentaron que los votantes presentes tuvieron más que suficiente tiempo para re-inscribirse.