La pregunta que me hace mucha gente es por qué la industria del Derecho nunca desaparece. Más aún me preguntan porque a pesar de los tiempos de crisis, los abogados y abogadas aún siguen lucrándose de las penurias de otras personas. La contestación más ocurrente que puedo dar es que aún son imprescindibles. Es decir, es un tipo de servicio profesional que ha sabido insertarse en las necesidades humanas, y por tal factura como puede para demostrar que siguen siendo necesarios. El problema real es que la gente paga por ellos, lo cual valida su sentido de necesidad.
En el quehacer de lo político en Puerto Rico, los partidos políticos que se presentan en los comicios generales del 6 de noviembre, han utilizado lo legal para destruir, obstaculizar, sacar de carrera a otros partidos políticos que desean neutralizar. Es un asunto complicado pero pensaría que lo legal no es tan necesario para decidir lo político. Pero volvemos, es un servicio que se hace necesario, y que en su presencia continua aparecen como algo importante e insustituible.
En el caso de las elecciones generales en Puerto Rico, como hemos discutido en otras columnas y en varias líneas editoriales de este periódico, lo jurídico se ha impuesto como lo salvador de los procesos. Ahora bien, me preguntaba yo hoy, luego de ver las decisiones que han resuelto varios jueces en Puerto Rico, ¿cuánto estarán facturando los abogados y abogadas que participan en dichos procesos? ¿Cuántos de esos abogados y abogadas han pensado que del lucro que han realizado, ya sea pecuniario o en reputación, podrían ofrecer algún servicio gratuito a favor de las instituciones democráticas del pueblo o a favor de los más necesitados? Realmente desconozco la contestación.
Lo que si sé es que hay que salir a votar. Que en el proceso, unos solo habremos de ganar o perder en las elecciones. Para los abogados y abogadas, sobre todo para esos que participaron de los procesos de litigación electoral, lo que ha estado en juego es sacar ventaja económica, y por ende lucro personal.