La privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el más grande del Caribe, creó un remolino cuando se anunció el año pasado, pero con el nuevo Gobierno de Alejandro García Padilla, quién ya ha expresado que va a respetar el contrato, casi todas las voces elocuentes en contra ligadas al partido oficialista puertorriqueño han bajado su tono.
El año pasado, el ahora Presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, expresó tajante oposición a la transacción, junto a los representantes Charlie Hernández y Luis Vega Ramos. Sentenciaron que el acuerdo no era beneficioso para Puerto Rico y pondría en peligro el desarrollo del país. Algunas cláusulas del documento de cientos de páginas truncarían el desarrollo de otros aeropuertos de Puerto Rico, limitando el desarrollo comercial y turístico del país.
Pero las feroces voces de Perelló y Hernández prácticamente se han neutralizado. El presidente de la Cámara dejó su posición abierta pendiente a un supuesto escrutinio cameral del contrato. Vega Ramos es el único que se ha mostrado combativo, radicando hace unos días una resolución oponiéndose a la transacción. Mientras tanto, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Víctor Suárez, que actualmente administra el aeropuerto, había ya dejado entrever que el contrato se honraría. Suárez fue hasta hace poco el secretario del oficialista Partido Popular Democrático (PPD).
Observadores le han achacado el cambio de actitud a que Javier Ferrer, quién llevó la batuta en las negociaciones es el principal asesor de García Padilla en el asunto Aerostar. Ferrer es actualmente presidente del Banco Gubernamental de Fomento. También se dice que la representación legal de Aerostar en Puerto Rico está a cargo de Roberto Prats, un conocido miembro de la Junta de Gobierno del PPD y ex - legislador. Prats no ha confirmado esta alegación ya que permanece en total silencio.
Bajo un acuerdo que se fraguó el año pasado, la administración de las operaciones del aeropuerto pasarán a una alianza formada por la firma mexicana Aeropuertos del Sureste (Aerostar) y Highstar Capital, una firma norteamericana que financia inversiones de infraestructura. Bajo el contrato, la Autoridad de Puertos de Puerto Rico recibiría $615 millones de Aerostar. Este dinero se usaría para saldar la deuda proveniente de la operación de varias instalaciones, aéreas y marítimas que tiene la Autoridad a su cargo. Aerostar tiene contratos para operar y desarrollar aeropuertos en el sureste de México, incluyendo el de Cancún. La formalización del contrato aguarda el aval de la agencia de Estados Unidos de aviación (FAA por sus siglas en inglés). Lo primero que causó controversia del acuerdo fue su duración de 40 años. El entonces Gobernador Luis Fortuño, de ideología conservadora, predicaba que en manos privadas, los servicios del aeropuerto mejorarían. Fortuño fue derrotado en las elecciones generales de noviembre.
Oponentes han señalado que los términos financieros del contrato no son beneficiosos ya que después del pago inicial, el Gobierno sólo recibiría $12.5 millones por los primeros cinco años, y un cinco por ciento de las ganancias brutas en los años seis al 30 del contrato. Para los restantes años, recibiría el 10 por ciento de las ganancias brutas. De acuerdo a estos números y lo que se estima que ganaría anualmente Aerostar, la compañía recobraría en los primeros cinco años su inversión inicial de $615 millones.
Se mencionaba también que Rafael Hernández Mayoral, hijo de un patriarca de la política puertorriqueña, estaba asesorando a la compañía desde Washington, en donde tiene su práctica legal, pero esto fue desmentido por su hermano José Alfredo, quien es un conocido abogado y comentarista político en San Juan.