Puerto Rico ha sido sucumbido ante la historia de una perra de raza “pitbull” de nombre Lola. Esta se escapó de su hogar, mientras su dueña estaba vendiendo artesanías en las fiestas de la Calle San Sebastián. Al Lola escaparse se puso alegadamente brava y los vecinos atemorizados llamaron a la Policía Municipal, éstos se la llevaron y la detuvieron en el Centro de Protección y Salud para animales de San Juan donde el equipo de profesionales veterinarios le iban a practicar la eutanasia. Ante esos hechos, la población civil a través de las redes sociales y la prensa hicieron un clamado de salvar a Lola. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto actuó emitiendo una Orden municipal de que no se le practicara la eutanasia a ella hasta que finalmente un juez determinase qué hacer. Al final, el tribunal le otorgó Lola a su dueña.
El cuido de mascotas es un tema que tiene unas implicaciones económicas para el Municipio de San Juan. ¿Quién va a cuidar a esos animales? y ¿Cómo se van a costear más programas y centros para las mascotas? Actualmente el Municipio está por implementar una política pública sobre las mascotas, esperamos que la misma responda a los intereses de los ciudadanos, los animales y que sea cónsona con nuestra tradición jurídica.
El derecho de los perros es un tema que se ha desarrollado en los Estados Unidos, mediante la doctrina jurídica del “Common Law”. Por ejemplo en esta tradición jurídica los perros tienen derecho a un proceso judicial y a ciertos derechos que se han desarrollado mediante la tradición y los usos y costumbres. Esto en adición a cualquier ley especial que le otorgue derecho a los mismos. En ese sentido, se pudiese afirmar que los perros en el “Common Law” son sujetos de derecho. En Puerto Rico que viene de una tradición jurídica de Derecho Civil o Derecho Continental no es así, aunque los perros si tienen derechos por las leyes de protección hacia los animales, el Código Civil de Puerto Rico establece que la responsabilidad del animal a su dueño. Esto de por si es una gran responsabilidad para los dueños; ya que le impone responsabilidad sobre un animal, que no razona a diferencia de una persona, como un menor o un empleado que sí lo hacen. En el “Common Law” por ejemplo, si un perro fuese encontrado culpable de actuar indebidamente el juez pudiese castigarlo al imponerle la eutanasia; es norma consuetudinaria en los Estados Unidos que si un perro muerde a una persona la primera vez un juez lo pudiese perdonar, pero si ese perro mordiera en una segunda ocasión seguramente lo pondrían a dormir.
Esta controversia gira sobre el tema de una promesa de campaña de la recién electa alcaldesa Cruz Soto al que llamó “Respeto a nuestras mascotas”. El mismo tiene como eje la apertura y participación de varios sectores de la sociedad civil. Además de especificar que se reducirán las eutanasias en la capital. Consecuentemente, para lograr esta meta el gobierno municipal pretende ampliar los servicios del Centro de Protección y Salud para Animales de San Juan. Inversión que representa un gran costo para el Municipio en la ampliación y mantenimiento de las facilidades. Todo esto motivado por una política pública de “cero tolerancia con el maltrato” llamada “amor por las mascotas”.
Actualmente, la responsabilidad es penal en Puerto Rico. No obstante, en mi opinión debería ser basado en criterios del Derecho Civil nuestro, ya que este le impone a los dueños un alto nivel de responsabilidad. Un impuesto para todos los dueños de mascotas en el Municipio de San Juan en forma de un “micro chip” pudiese ser una forma adecuada de responsabilizar y monitorear a los dueños y sus mascotas, sin tener que recurrir a modelos punitivos.
En cuanto al amor por los animales, Cruz Soto se ha expresado públicamente en cuanto a su amor por su mascota adoptada, un perrito que tiene el nombre de Benicio del Toro. Más notorio aún ha sido la matanza de perros que ocurrió en un puente del Municipio de Barceloneta en el año 2007 y que fue una noticia que obtuvo cobertura mundial. Ante esa noticia de la matanza y las investigaciones posteriores, que dieron números de 500 perros matados diariamente en la Isla, los ojos del mundo han estado sobre Puerto Rico y han sido críticos de sus políticas públicas, en cuanto a los perros y gatos realengos.
San Juan ha invertido grandes cantidades de fondos a las mascotas. Hay parques en el Condado para el uso exclusivo de las mismas. También hay un Centro con servicios veterinarios. Los fondos provienen muchos de ellos de propuestas del mismo Gobierno federal. No obstante, hay poca educación de cómo ser un dueño responsable. Por ejemplo, los perros no son permitidos en las playas del Municipio de San Juan, por prohibición de ordenanzas municipales, pero es común ver las playas de la capital abarrotadas por dueños que desconocen de estas prohibiciones. Es solo un ejemplo, pero que en mi opinión va al meollo del asunto, la falta de educación y por ende de responsabilidad.
La política pública sobre mascotas del Municipio es una buena iniciativa. Esta debe ser cónsona con la responsabilidad que impone el Código Civil a los dueños, que es patrimonial. De esa manera imponerle una responsabilidad a los dueños irresponsables y educar a los mismos. Para costear los programas y centros de mascotas los dueños deben aportar económicamente, después de todo sería para su beneficio. Un “micro chip” es a nuestro entender una adecuada forma de dar el “Amor hacia los animales”; los dueños se comprometerían a ser responsables y contribuirían económicamente a los planes que tiene el Municipio para sus mascotas.