Hace unos años los economistas José Alameda e Ivonne Díaz, realizaron un estudio en torno al índice de desarrollo social sostenible. Concluyeron en dicho estudio, que un incremento en el producto nacional bruto (PNB) a consecuencia de una alta inversión del estado en áreas de seguridad, no constituye un desarrollo positivo para el país.
De igual forma, los estudiosos de la Universidad del estado de Iowa, llegaron a una interesante conclusión que un caso criminal complejo, por decir algo el de OJ Simpson, constituye una inversión pública de $17 millones USD. Es decir, hacer justicia cuesta, y mucho.
En esta medida, promover el que se controle la criminalidad debe ser una prioridad por encima de prohibir la criminalidad y sobre todo sancionarla legalmente hablando. En esta medida, y consistente con la política institucional del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Caribeño de Desarrollo y la Organización de Estados Caribeños (CARICOM por sus siglas en inglés), nadie está más preocupado por controlar el trasiego de drogas, sino por controlar la violencia y el trasiego de armas. En este sentido, se vive en esta región del Caribe, un sentido de impunidad con impotencia, que tiene a todo el mundo muy preocupado.
En la medida, en que la violencia continúe y en particular los asesinatos, el sentido de desesperación aumenta. Lo que dicen los economistas puertorriqueños, Alameda y Díaz, es por qué seguir invirtiendo en improductividad y avalando más a conductas anti sociales que a su modificación. En otras palabras, las medidas punitivas de control de la criminalidad, no resuelven nada, y lo que crean es más criminalidad.
Estamos en una encrucijada. Es necesario salirnos de la caja dominante, y pensar como buscar soluciones creativas a la violencia, los asesinatos y el trasiego de armas. Nuestro futuro está en juego.