Por primera vez en su historia, de continuar las cosas como van, Puerto Rico no tendría dinero para pagarle a sus jubilados a partir del 30 de septiembre del 2013. Esto parece alarmante para un territorio colonial dentro de la federación de los EE.UU, pero es cierto. Las colonias también quiebran. La pregunta pertinente, no obstante, es ¿cómo y por qué el gobierno de Puerto Rico se hace incapaz de honrar estos compromisos que a lo largo de los años se comprometieron con su población y hoy se perfilan como imposibilitados de cumplir?
Todo indica que con los tres fondos de retiro con los cuales cuenta el gobierno de Puerto Rico para honrarle a sus jubilados se han cometido errores. Estos errores tienen que ver más que nada, con una combinación de factores que van desde participación y contribución más limitada por parte del jubilado potencial (menos años de productividad activa) versus mayor expectativa de vida (la gente se jubila más temprano y viven muchos años más después la jubilación). Por otro lado, todo indica que a su vez las contribuciones de los empleados antes de su jubilación eran por una cantidad precisa, y luego de haberse jubilado los pensionados han gozado de incentivos y beneficios adicionales por los cuales no cotizaron y el gobierno se ve obligado a honrarlos.
Lo cierto es que el gobierno intenta buscarle una solución al problema, y tal parece que la situación es un tanto más complicada. En particular, porque los pensionados de gobierno constituyen un grupo de cerca de 35 mil personas que son electores activos y que como tal son un fuerte grupo de presión política. Por lo tanto, un sector del gobierno intenta limitar el gasto hacia esa población, mientras otro sector aduce que los beneficios adquiridos por estos no son negociables.
Dicho lo anterior, ambos grupos reconocen que con los jubilados existentes hay que buscar una solución, pero con los jubilados por venir (los aún empleados) hay que pensarlo distinto. Por ende, para los que ya adquirieron beneficios, los problemas son más limitados. Para los que aún trabajan, en consenso es que por ahora no podrán jubilarse y tendrán que comenzar a aportar.
En fin, que la quiebra del gobierno de Puerto Rico es una de difícil gobernanza.