La pregunta: ¿tiene otra opción el gobierno de Puerto Rico que no sea romper su relación contractual con empleados públicos que actualmente se encuentra cotizando su retiro, y que habrán de recibir eventualmente una pensión distinta a la inicialmente contractada? La contestación para mi es incierta.
Volvamos, ya hemos reseñado en este medio, que la crisis de acumulación de los estados benefactores a nivel mundial, en todos lados ha advenido a un final. La situación no se encuentra fácil, pero los estados ya no son capaces de honrar sus obligaciones económicas con lo que todos y todas nosotros continuamente, diariamente, aportamos al estado. La captación de ingresos para el erario público, ya sea por el impuesto al valor añadido (el equivalente al IVU en Puerto Rico o IVA en otros países), como a su vez la captación por otros ingresos como salarios, importaciones y exportaciones, no da para las obligaciones de los estados.
De esta forma la misma crisis, con distintas variantes, se reporta en Grecia como en la República Dominicana, o en Santa Lucía. Es la misma crisis: la incapacidad del estado de garantizar sus obligaciones.
En el caso de la pensión, el viejo sistema garantizaba en Puerto Rico que por 30 años de servicio a usted se le daba el 7% de su sueldo. En una vida promedio de 30 años más 15 post retiro, en promedio, esto era una buena solución. Pero, ¿qué tal si la gente vive más? ¿Qué tal si luego de su aportación y expectativa del 75%, el mismo estado comienza a ofrecerle a usted una serie de beneficios en su pensión por los cuales usted no cotizó? Esto incluye más de un bono anual a los pensionados; incremento anual del pago de pensión; y planes de pensión para personas que se retiraban antes de los 30 años, a pesar de no haber cotizado lo suficiente, pero con una expectativa de recibir un pago por el resto de su vida, que estos casos era mucho más de 15 años dado que se retiraban a más temprana edad.
Bajo la nueva ley usted aporta un porciento de su ingreso a su plan de pensión, y el estado compensa algo, aunque menos. Se trata de un proceso de privatización de las pensiones para que cada cual viva con lo que aportó. Se eleva la edad general del retiro a los 67 años. Se elimina el plazo de retiro temprano, por lo cual nadie puede retirarse hasta que haya cumplido 61 años y se retirará con lo que esta persona haya aportado a su plan de retiro.
El efecto de esta nueva ley, realmente hablando, es la pauperización mayor de la sociedad puertorriqueña. Por muchos años optar por la carrera de empleado público garantizaba en Puerto Rico cierto bienestar tipo clase media modelo de los EE.UU. Ahora los empleados públicos serán parte de ese ejercito de [deficientes] asalariados que viven como pueden en nuestro país. Para la mayoría de los asalariados contar con un plan de retiro es literalmente hablando un sueño. La mayoría de los asalariados solo cuentan con lo que aportaron al plan del Seguro Social que controla el gobierno federal. La pensión o retiro, es un plan adicional al seguro social del cual disfrutan los empleados públicos en Puerto Rico.
Se trata a fin de cuentas de un estado en crisis. Lo siento mucho por los empleados públicos que tenían alguna expectativa a un retiro cómodo. Ahora, como el resto de los mortales: organícese para vivir lo mejor de lo posible su vida post-empleo público.