Nos parece que la vida transcurre y unos más otros menos, el robo de dinero de origen público se tiende a justificar porque “así son las cosas”. En el Caribe, como en el resto del mundo la corrupción es un problema social y político endémico. Más aún, tiene consecuencias económicas muy profundas.
La situación es tan compleja que desde el año 2003, la Organización de las Naciones Unidas aprobó un documento global titulado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dicho documento establece los parámetros para asistir a estados en vías de desarrollo a establecer prácticas de buena gobernanza que sirvan en la corrección los problemas asociados a la corrupción y mala administración pública.
Tomando por ejemplo el caso de Trinidad y Tobago, es importante destacar que dicho país ha experimentado en los pasados tres meses una crisis relacionada con su ministro de obras públicas y seguridad, Austin “Jack” Warner. Este ministro, quien renunció en el día de ayer a su puesto político, llevaba un tiempo prolongado en escándalos asociados a gestión indecorosa de sus funciones. En particular, porque se descubrió a fines del año pasado que tenía un cuerpo de seguridad en paralelo a las instituciones democráticas del estado, y del cual la primer ministro trinitense, Kamla Persad Bissessar indicó tener desconocimiento completo. Así las cosas lo dejó en su puesto, aunque la presión pública fue incrementándose.
La renuncia de Warner vino a raíz del último escándalo posible: la CONCACAF, organismo que rige los destinos del deporte de balompié en el continente americano, incluido el caribe, se quejó que el tal Warner los había sobornado para poder realizar actividades deportivas en Trinidad y Tobago. Así las cosas, se alega que éste les exigió, y recibió, un pago de $500 mil USD, como parte de un esquema de soborno que el funcionario público les exigió. La situación se ha complicado para Warner, toda vez que se alega que la agencia de seguridad de los EE.UU, el FBI, tiene un pie detrás de Warner para acusarlo de corrupción internacional.
Para aquellos que viven en Trinidad y Tobago, como bien alegó la primer ministro, Bissessar, Warner se tornó en un lastre político, con consecuencias económicas para el país. Ahora lo expulsan del gabinete, pero los efectos en el desarrollo económico del país se seguirán sintiendo hasta que no se transforme la cultura de la corrupción.