San Juan- La crisis de los poderes del Estado se ha profundizado despúes que el gobernante Alejandro García Padilla calificó de "enemigos del país" a cinco jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico por anular una recién aprobada ley.
El gobernador anunció la víspera que someterá otro proyecto en la línea de la revocada ley 18, aprobada hace unas semanas, que limitaba atribuciones que se había arrogado el Tribunal Supremo.
Para García Padilla, cinco jueces nombrados en la pasada administración del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) se han colocado "en la posición de ser enemigos interiores del país".
Añadió que sendos proyectos de la Cámara de Representantes y el Senado, ambos cuerpos dominados por el Partido Popular Democrático (PPD), que preside, serán aprobados lo más pronto posible.
Acusó a los magistrados Mildred Pabón Charneco, Rafael Martínez Torres, Erick Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón de pretender que se degrade el crédito del país.
Esta degradación, que llevaría el crédito del país a "chatarra" en el mercado estadounidense de bonos, puede producirse si los jueces vinculados al PNP declaran inconstitucional la ley 3 de 2013, que reforma el Sistema de Retiro de los empleados públicos de Puerto Rico.
García Padilla recordó que el Tribunal Supremo interpreta las leyes pero no puede enmendarlas, a la vez que acusó a los jueces anexionistas de entrar en un debate político.
Los magistrados atacaron en forma directa al juez presidente de la corte suprema, Federico Hernández Denton, y a la jueza asociada Anabelle Rodríguez, ambos vinculados al PPD, en un hecho sin precedente en la historia moderna de esta isla del Caribe.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, consideró que la situación surgida al derogarse dos artículos de la ley 18 es un intento adicional para destruir la justicia por parte de la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo.
"Es lamentable que cinco jueces del Tribunal Supremo desafíen la democracia y se arroguen poderes que constitucionalmente no les corresponden, ya que sus acciones son un intento irresponsable de legislar desde el estrado y de usurpar las funciones de la rama legislativa", manifestó el líder del Senado.
Los jueces pretenden arrogarse el derecho a reclamar los casos sin que hayan cumplido con el trámite de primera instancia ni sin pasar por el tribunal de apelaciones, mediante un auto de certificación.
Cerca de un millar de empleados públicos vinculados al PNP han impugnado los cambios en la ley de retiro porque entienden que limitan derechos adquiridos.