Todo el mundo ya debe de saber las complicaciones que tuvieron los afroamericanos, especialmente en el área sur de los Estados Unidos, para ejercer su derecho al voto en ese país. Después de décadas de tácticas para impedir el acceso a las urnas, que incluían tanto la práctica de trazar nuevos distritos electorales para diluir el voto de los afroamericanos, como la intimidación y violencia por parte de las autoridades de varios estados, se creó legislación federal para protegerle el derecho al voto no solo a los afroamericanos sino a las minorías en general.
Una opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre una ley de protección a los votantes de minorías dada a la luz pública la semana pasada quizás fue opacada por otra decisión del tribunal, que invalidó la definición de la palabra “matrimonio” de una ley federal. Esto significó un paso adelante para la comunidad LGBTT de la nación, pero la decisión sobre el voto representa un paso atrás para las minorías ya que de seguro le quitará las garras a la Ley Federal de Derecho al Voto (The Voting Rights Act), una legislación de 1965. El Tribunal dictaminó en una decisión, 5 a 4, derogar una de las partes más importantes del estatuto, la sección cinco, que impedía que jurisdicciones con historiales de discrimen cambiasen los requisitos de voto o trazasen nuevos distritos electorales sin el aval del Departamento de Justicia Federal. La mayoría del tribunal decidió que ya no hacía falta una supervisión tan cercana del Departamento porque en los últimos 40 años habían cambiado las condiciones en el país que ameritaban tal supervisión. Hay que considerar que la legislación de derechos civiles federal cubre discriminación por origen étnico y otras categorías.
En la actualidad, la nación está enredada en un debate cuyo germen es el discrimen por razón de origen étnico, específicamente contra los hispanoparlantes. Esto ha resultado en estos días en una nueva ley congresional que le otorgaría legalidad a la estadía a varios millones de inmigrantes que todavía no tienen la ciudadanía del país ni la llamada tarjeta verde, que les autoriza a trabajar en los Estados Unidos. El discrimen étnico y racial está vivito y coleando en los Estados Unidos, y se manifiesta en estatutos discriminatorios en estados como Arizona y Texas. La decisión que nos concierne corresponde a impugnaciones por parte de grupos mexico-(norte)americanos sobre la legalidad de dos piezas legislativas recién promulgadas en Texas, una de las cuales ordena un mapa de distritos electorales nuevo para el estado y el otro que requiere que los votantes presenten una identificación con foto al momento de votar. Cambiar y trazar nuevos distritos electorales es un método tradicional para aguar el voto de minorías en varios estados, sean hispanos o afroamericanos, los dos grupos de votantes de minoría más cuantiosos en la nación. Muchos latinos no tienen identificaciones con foto porque temen que se las nieguen, sea porque llevan poco tiempo en el país o porque le temen al discrimen.
Ya la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) ha levantado la alarma en cuanto a las posibles repercusiones de tal decisión. Dice en su última circular que ya ha surgido en un condado de Texas una ordenanza que cambia el lugar de emitir el voto general de una escuela pública a un “Country Club” conocido por su afán de exclusividad racial y étnica. Estaremos todos pendientes a estos indeseables desarrrollos.