El Senado de Puerto Rico emitió en el día de ayer un importante comunicado de prensa sobre el mal manejo de las querellas de maltrato de menores y de personas de edad avanzada, que no fueron investigadas por el Departamento de la Familia, durante el pasado gobierno del PNP y el Lcdo. Luis Fortuño.
En resumen, la Resolución núm. 9 del Senado de Puerto Rico le imputa a la exsecretaria del Departamento, licenciada Yanitsia Irrizary, que ella tenía propio y personal conocimiento de un poco más de 30 mil querellas sin atender. Los hallazgos del Senado se enviaron al Departamento de justicia federal y a la Oficina de Ética Gubernamental, con la intención de que iniciaran una investigación de tipo penal.
Esto sin duda fue una controversia que alarmó a la población de la Isla, además de estar muy cercana del corazón del pueblo, ya que el Estado de derecho tiene un deber de parens patria de velar por los menores y por los incapacitados. En ese sentido, ante la actual crisis de moralidad y la alta incidencia de crímenes violentos, en contra de la población infantil y anciana, que son los más indefensos, la noticia de que más de 30 mil querellas fueron intencionalmete desatendidas no deja de ser chocante.
Estos procedimientos no son una cacería de brujas, más bien en mi opinión un ejercicio de lo que esperamos de nuestros legisladores. Que más allá de la creación de leyes sean agentes que velen por los mejores intereses del pueblo. En este caso, el gobierno del PPD ha actuado con rapidez y esperamos que lo hagan con igual ánimo cuando sea uno de los funcionarios de su propio Partido quien actúe ilegalmente.
No obstante, es meritorio mencionar que en este caso toda la responsabilidad se le imputa a la licenciada Yanitsia Irizarry, pero no olvidamos que semanalmente ésta funcionaria estuvo en reuniones periódicas con el ex gobernador licenciado Luis Fortuño en la Fortaleza. Precisamente hubo reuniones entre estos cuando salió a los medios la alarmante noticia. En ese sentido, en Puerto Rico hay la tendencia histórica de limitar la responsabilidad a los secretarios, pero en realidad la responsabilidad debe estar en las esferas más altas del poder ejecutivo.