El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se reafirma en su compromiso histórico con el acceso a la justicia, sobre todo con su programa institucional Pro Bono, que el Colegio fundara en 1981.
Rechazamos lo que se ha dicho de una supuesta crisis del Colegio que pone en peligro dicho programa. Lo primero es que mantenemos una comunicación excelente con ese organismo afiliado y, segundo, lo que está sucediendo en la merma de ingresos es algo que ya lleva más de un año. El Colegio ha estado apoyando y trabajando en conjunto con Pro Bono para la búsqueda de alternativas para allegarle más fondos.
Las circunstancias en que Pro Bono —que es un programa que contribuye de manera importante a garantizar el acceso a la justicia— ha visto menguado su presupuesto radican en los cambios de población en la Puerto Rico y en la fórmula que se usa para los dineros que se le asignan de los fondos federales para ese tipo de programa. Desde entonces, el Colegio ha tenido un rol activo en mantener el apoyo a la entidad y en la búsqueda de soluciones para que no se afecte el servicio.
Aún dentro de las condiciones que al país le consta que ha estado atravesando el Colegio, hemos continuado garantizándole a Pro Bono su planta física, estacionamiento, luz, agua y otros servicios infraestructurales —cuyo valor, si se fuera a cobrar, ascendería a poco más de $300,000.00 anuales—; lo que le permite en buena medida mantener sus operaciones.
En Puerto Rico son muchas las instituciones y personas que estamos trabajando en la misma dirección para que tanto Pro Bono, Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), entre otras con las que el Colegio ha contribuido desde su fundación, puedan continuar realizando su labor. Estamos en tiempos de sacrificios y tanto el Colegio a nivel central como todos sus organismos y entidades afiliadas estamos ponderando las medidas internas que hay que tomar para continuar viabilizando el acceso a la justicia para todos y todas.