En la saga del saliente secretario de justicia, Luis Sánchez Betances, el gobierno de Puerto Rico, liderado por Alejandro García Padilla del Partido Popular Democrático, se ha tenido que defender no solo de los partidos de oposición, sino de la emergencia de un cuarto poder que le ha cuestionado todas sus formas y maneras de hacer gobierno. Se trata de la prensa y sistemas mediáticos, los cuales han hecho exigencias sobre los documentos generados por el gobierno en el proceso de decidir qué hacer con el secretario Sánchez Betances.
El pasado viernes, el secretario de justicia intervino en un incidente de violación a la ley de tránsito, cuando su amigo personal y exsocio de su bufete, Jaime Sifre Rodríguez, fue detenido por la policía por hablar mientras conducía por su teléfono celular. Luego de la intervención el Sr. Sifre Rodríguez dio positivo a la prueba de alcohol.
Los medios de comunicación, entiéndase la prensa escrita, los comentaristas radiales, y los noticieros de televisión, se han dado a la tarea de exigirle al gobierno que entregue todo papel generado en esta crisis. Nos sorprende, toda vez que partimos de la premisa que existen límites a la relación divulgación de información por parte del gobierno, y nuestro derecho de recibir la misma. Esto es un asunto que en nuestro país está bastante definido por las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Ahora bien, y de forma voluntaria, el gobierno puede ofrecer sus documentos internos, inclusive cuando estos constituyan procesos de deliberación. Exactamente eso es lo que ha dicho va a hacer la secretaria de gobernación, Ingrid Vilá. Esta indicó, que luego que se dé la vista judicial contra el acusado Jaime Sifre Rodríguez, entonces harán público un informe interno de la casa del gobernador, en el cual aparentemente se exonera de toda responsabilidad al saliente secretario Sánchez Betances.
Nos parece que mientras todos en la prensa no seamos funcionarios electos por vía de procesos electoreros democráticos, es difícil hablar de constituirnos como un cuarto poder político. Más aún, mientras la mesa de redacción la controlen decisiones económicas que crean riqueza para unos pocos empresarios, es bien difícil de hablar de democracia a través de los medios de prensa.
Claro que debe haber balance entre todos los intereses que interactúan en este debate. Pero si los sistemas de prensa hacen riqueza explotando los infortunios de los gobernantes y de los ciudadanos en general, mientras la misma no se socialice, son también parte del problema. Reducir de forma no crítica a la prensa, a ser el cuarto poder, es obviar un asunto medular: son, en todo caso, el cuarto poder económico del país.