El pasado domingo, la Asociación de la Puertorriqueña de la Judicatura tuvo una asamblea extraordinaria para decidir qué hacer con la reciente ley del gobierno de Puerto Rico que modifica el pago de retenciones de los jueces y juezas para aplicarlo al momento de su jubilación. Los jueces alegan que dicha acción por parte del poder ejecutivo y el legislativo, constituye una intromisión indebida de los otros dos poderes en la rama judicial, y peor aún constituye violación a derechos propietarios y adquiridos por los jueces y juezas en torno a sus salarios.
En esta medida, alegan ellos que se violentan las disposiciones del artículo 1, sección dos (división de poderes), y artículo 6 secciones 10 y 11 (no intervención con salarios de funcionarios públicos, entre otros los miembros de la judicatura).
La conversación es por decir lo mínimo, sumamente novel. Por un lado, que los jueces y juezas de Puerto Rico tomen una postura política en torno a una acción en el país, que en particular los afecta, no tiene precedente. Es novel e interesante. Por otro lado, que los jueces y juezas aleguen que su retiro constituye un salario, y por lo tanto no se puede modificar el mismo, es a su vez sumamente interesante. ¿Cuándo termina el trabajo? ¿Cuándo comienza la jubilación? ¿Es lo mismo estar trabajando que estar jubilado? ¿Se tienen los mismos derechos cuando se trabaja que cuando se está jubilado? ¿Continua uno aportando por igual a sus beneficios post-trabajo, cuando uno es jubilado?
Las contestaciones a todas las preguntas antes vertidas no son fáciles. No obstante en ellas versa la controversia según alegada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, y la cual se presentará en una acción legal antes de que finalice el año.
De nuestra parte lo novel no quita un detalle básico: el bien común es de todos y todas en Puerto Rico. Por lo cual, si los maestros y maestras, los profesores de la Universidad de Puerto Rico y los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, van a ver recortes en sus beneficios de retiro, entonces los jueces y juezas también tienen que verlos. Es decir, en las buenas y en las malas estamos todos por igual. Todos tenemos que sufrir por igual en este momento de crisis económica.